
La puesta en libertad del niño Lyan Hortúa, que había sido causa de regocijo en el país, rápidamente se volvió a convertir en una historia de absurda violencia, tras el posterior crimen de un primo de su padrastro, que fue la misma persona que entregó el dinero para el rescate del menor hacia el mediodía del jueves 22 de mayo.
De hecho, la revelación en la mañana de ese mismo día de que la liberación se dio por el pago de 4.000 millones de pesos ya había causado indignación.
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Sin embargo, el homicidio de Jesús Antonio Cuadros en Cali, dejó entrever que el plagio del menor obedecía a un entramado criminal mayor en el que estaría involucrado el grupo narcotraficante de Los Rastrojos, cuyo máximo jefe Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, purga una condena en Estados Unidos por enviar cocaína a ese país.
Aunque se mantiene la hipótesis de que el rapto lo perpetró la estructura Jaime Martínez, que forma parte de la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que responde al mando Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, al parecer lo hicieron como parte de un pacto criminal con antiguos miembros de la organización de Pérez Henao.
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En medio de todo este giro que tomaron los acontecimientos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció y solicitó que toda la solidaridad del país se vuelque hacia el menor, que es la víctima principal de estos trágicos acontecimientos.
“Lyan no tiene la culpa. Cono niño debe ser respetado. Los secuetradores posiblemente del EMC solo mostraron que estan en la lógica típica de los narcotraficantes [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X, durante la madrugada del viernes 23 de mayo.
El jefe de Estado insistió en que lo que debía prevalecer en estos deleznables hechos era la salvaguarda del pequeño, que a su corta edad ha sido una víctima de la violencia.
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“Sin embargo si algo hay que peoteger, son los derechos del niño, que hoy esta libre y sano y salvo [sic]”, reiteró.

Adicionalmente, el mandatario reprochó la entrevista a uno de los familiares del menor que reveló lo del pago del rescate y señaló que prefirieron esa opción a esperar más tiempo para que las autoridades lograran la liberación de Lyan, y confirmó que les sugirieron entregar la millonaria suma de dinero.
“Jamás permitiría que muera un miño en fuego cruzado por las irresponsabilidades de mayores oscuros [sic]”, agregó el mandatario.

De acuerdo con información que estableció la revista Semana, el caso no estaría relacionado con un secuestro extorsivo típico en el marco del conflicto armado, sino con el cobro de una millonaria deuda que la familia del menor tendría con ’Diego Rastrojo’ quien presuntamente financió la operación con el objetivo de presionar a la familia del menor para saldar una deuda pendiente. Según los testimonios citados por el medio, el verdadero objetivo inicial del secuestro habría sido Jorsuar Suárez, padrastro de Lyan, pero las circunstancias llevaron a que el niño fuera retenido en su lugar.
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El municipio de Jamundí, donde ocurrieron los hechos, ha sido históricamente afectado por la violencia derivada del conflicto armado y la presencia de grupos criminales. En este contexto, las disidencias de las Farc y otros actores armados han mantenido disputas por el control territorial y el narcotráfico, lo que ha incrementado la inseguridad en la región. Según las investigaciones preliminares, el caso de Lyan Hortúa estaría vinculado a estas dinámicas, en las que las deudas económicas y las alianzas entre grupos ilegales juegan un papel central.
Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la supuesta deuda de la familia de Lyan, esta habría sido el detonante para que el capo ordenara el secuestro, utilizando al frente Jaime Martínez como ejecutor. Este tipo de operaciones reflejan la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores armados y las redes de narcotráfico en el país.
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