
Vanti, compañía comercializadora de gas natural, reaccionó a las medidas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) de ajustar sus tarifas y devolver cobros previos a los usuarios, calificándolas como “injustificadas”.
La compañía señaló que las decisiones de la entidad fueron tomadas “con desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones”. Además, aseguró que estas acciones afectan su operación, por lo que solicitaron una revisión más detallada del proceso.
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Según la entidad, la medida se basa en las facultades constitucionales delegadas por el presidente Gustavo Petro para vigilar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

En el comunicado oficial, Vanti afirmó que la Superintendencia tiene acceso a los sistemas oficiales de información sobre la disponibilidad de gas natural, donde consta que desde 2023 se vienen anunciando faltantes en la producción de gas nacional, situación que ha sido ratificada en los informes del Gestor del Mercado correspondientes a 2024 y 2025.
En ese contexto, la empresa cuestionó que la entidad reguladora no haya propuesto medidas para minimizar el impacto de esta coyuntura en los usuarios, pese a que la ley le faculta para ello.
La compañía enfatizó en que la decisión de la Superservicios es “desalineada”, pues considera que genera inestabilidad en la prestación del servicio en un momento en que ya se trabaja en coordinación con otras entidades del Gobierno nacional para mitigar el déficit de gas natural nacional y su efecto sobre las tarifas.
“Estas medidas desincentivan iniciativas importantes para el sector, como la construcción de nuevas plantas de regasificación, contratos de importación de gas a largo plazo y la optimización de las tarifas de transporte”, agregó Vanti.
De otro lado, Vanti destacó que las tarifas de gas natural para sus usuarios ya han tenido una reducción significativa. Pasaron del pico máximo del 36% anunciado en febrero de 2024 a una disminución del 20% en marzo, y la compañía prevé que esta tendencia se mantenga estable durante lo que resta del año.
Ante esta situación, la compañía anunció que interpondrá todas las acciones legales correspondientes contra la Superintendencia y que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia del proceso. Asimismo, la empresa indicó que solicitaron audiencias con la Superservicios, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.

La decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos se dio luego de que Vanti comunicara en febrero un aumento del 36% en la tarifa del gas natural. Según el comunicado de la Superservicios, la medida se basa en las facultades constitucionales delegadas por el presidente Gustavo Petro para vigilar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
La entidad reguladora ordenó a Vanti implementar un programa de gestión que incluya el ajuste de la tarifa del gas natural a partir del consumo registrado en diciembre de 2024, facturado en enero de 2025, así como la devolución a los usuarios de los montos que se determinen como “cobros indebidos” en meses anteriores.
En su investigación, la Superintendencia sostuvo que, tras revisar la facturación y la información comercial reportada por Vanti, encontró irregularidades. Señaló que, mediante un contrato con Ecopetrol, la empresa disponía de suficiente gas, pero que decidió reportar una disponibilidad menor e insuficiente con el fin de justificar la importación de gas para la demanda residencial.

Esta versión fue rechazada por Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, empresa accionista de Vanti, al afirmar que “la demanda esencial es imposible de diferenciar de la regulada y por eso el gas de esos contratos se mueve en ese segmento”, negando cualquier irregularidad en la gestión de los contratos con Ecopetrol.
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