“Más de 10 mil niños sin cupo”: Arbeláez denuncia recorte de $30 mil millones en jardines del ICBF en Bogotá

La representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, emitió una alerta sobre una decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, según indicó, tendría efectos en la atención a la primera infancia en la capital del país.

De acuerdo con sus declaraciones, el organismo habría recortado más de 30 mil millones de pesos de su presupuesto destinado a programas para niños y niñas en Bogotá.

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Según Arbeláez, esta disminución de recursos comprometería convenios existentes con la Secretaría Distrital de Integración Social, lo que implicaría la eliminación de miles de cupos en jardines infantiles que actualmente ofrecen servicios de atención integral.

La congresista sostuvo que esta medida afectaría directamente a una amplia población infantil que recibe acompañamiento en áreas como alimentación, cuidado y desarrollo. En sus palabras, “los perjudicados son las familias más vulnerables en Bogotá. Y mientras nuestros niños están desprotegidos por falta de presupuesto y por este recorte que está haciendo el ICBF a Bogotá, aumenta la burocracia”.

La parlamentaria expuso que la reducción de estos fondos representaría una afectación significativa para más de 10.000 menores en la ciudad, quienes quedarían por fuera de los servicios ofrecidos por jardines infantiles que trabajan bajo convenios con el Instituto.

La denuncia fue acompañada por una crítica al crecimiento de contratos en otras áreas del ICBF. Arbeláez señaló que, mientras se restringen los recursos dirigidos a la primera infancia, se ha registrado un incremento considerable en los contratos por prestación de servicios. “Lo más alarmante es que, mientras se desfinancian los programas dirigidos a los niños más vulnerables, el ICBF incrementó 1.100% la suscripción de contratos de prestación de servicios (OPS) en Bogotá desde el año 2022, según cifras oficiales entregadas por la entidad”, aseguró.

De acuerdo con la congresista, este tipo de contratación ha tenido un crecimiento sustancial en los últimos tres años. Indicó que, en ese lapso, los contratos OPS suscritos por el Instituto en Bogotá aumentaron más de diez veces.

Carolina Arbeláez explicó que la preocupación no radica únicamente en la reducción de recursos, sino en la forma en que se estarían reasignando.

Considera que mientras se sacrifican programas orientados a la infancia en situación de vulnerabilidad, se destinan más recursos a burocracia y personal contratado mediante órdenes de prestación de servicios.

La representante expresó que estas decisiones del ICBF contradicen los objetivos institucionales de garantizar la protección integral de los niños y niñas, particularmente de aquellos en condiciones sociales más precarias.

Durante su pronunciamiento, hizo un llamado dirigido tanto al Gobierno Nacional como a las entidades encargadas de ejercer control sobre el uso de los recursos públicos. Solicitó revisar con detalle las decisiones presupuestales recientes y garantizar que las mismas no afecten el bienestar de la población infantil.

“El presidente lleva una invitación muy especial, y es a que el nuevo papa visite nuestro país y podamos tener una agenda camino a la construcción de paz”, había dicho ayer la canciller Laura Sarabia.

Arbeláez concluyó con una petición para que el ICBF, el Ejecutivo y los entes de control aclaren la destinación de los fondos que estaban previamente comprometidos para atender a la niñez. Insistió en la necesidad de rectificar decisiones que podrían afectar los derechos fundamentales de miles de niños en Bogotá.

La situación denunciada surge en medio de una discusión más amplia sobre las prioridades presupuestales en el país. Diferentes sectores han advertido sobre el impacto que podrían tener ciertos ajustes en áreas sociales como educación, salud y atención a la infancia.

El ICBF, entidad encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los señalamientos hechos por la representante. Sin embargo, la congresista ha insistido en que las cifras que citó provienen de información oficial entregada por el mismo Instituto.

La controversia en torno al presunto recorte coincide con otras preocupaciones expresadas en el Congreso y por mandatarios locales sobre la distribución de los recursos públicos.

La Federación Nacional de Departamentos, por ejemplo, ha llamado recientemente la atención sobre el uso de presupuestos como herramienta de presión política, una crítica que también ha estado presente en debates legislativos.

Con su denuncia, Arbeláez ha puesto sobre la mesa la necesidad de un seguimiento detallado a las decisiones que involucran recursos destinados a la población más joven del país.

La solicitud de revisar las cifras y restablecer los fondos eliminados busca asegurar la continuidad de los servicios que benefician a niños y niñas en los primeros años de vida.

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial del ICBF frente a los cuestionamientos, pero la congresista reiteró su intención de seguir insistiendo en que se esclarezca la situación y se adopten correctivos de ser necesarios.