Defensoría alertó sobre una escalada de violencia en los primeros meses de 2025: van más de 20 masacres

Durante los primeros cuatro meses de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó un alarmante incremento en la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz en varias regiones de Colombia.

Según la entidad, se registraron 69 homicidios de líderes sociales, de los cuales nueve eran mujeres, además de 20 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y 22 masacres que dejaron un saldo de 67 víctimas mortales.

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De acuerdo con los organismos encargados, la violencia se concentra principalmente en cuatro departamentos: Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

Antioquia lidera en el número de asesinatos de líderes sociales, con 10 casos, mientras que Cauca y Valle del Cauca registraron 13 homicidios cada uno. Por su parte, Norte de Santander encabeza las cifras de masacres, con cinco incidentes, y asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, con seis casos.

Cauca también figura entre los más afectados, con dos masacres y un número significativo de crímenes contra firmantes del acuerdo de paz. Estas cifras recalcan en la persistencia de la violencia en regiones donde el conflicto armado y las disputas por el control de recursos y territorios han sido una constante.

En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad de implementar medidas urgentes para detener esta ola de violencia. La entidad instó a garantizar la vida, la paz y los derechos humanos en todos los territorios del país. Además, hizo un llamado a las instituciones del Estado para reforzar la protección de las comunidades en riesgo y avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz firmado en 2016.

Desde la firma de dicho acuerdo hasta abril de 2025, Indepaz ha documentado un total de 1.557 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Esta cifra, según defensores de derechos humanos, evidencia la fragilidad del orden público en muchas zonas del país y la necesidad de fortalecer las estrategias de protección y prevención de la violencia.

Además, la situación en Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca pone de manifiesto la complejidad de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de consolidar la paz. La presencia de grupos armados ilegales, sumada a las disputas por el control territorial, sigue siendo un factor determinante en la perpetuación de la violencia.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Indepaz han reiterado la importancia de abordar estas problemáticas de manera integral para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades más vulnerables.

El Gobierno nacional ha adoptado diversas medidas para enfrentar el creciente número de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.

En respuesta a la situación, se han implementado acciones como el Decreto 0137 de 2025, que establece medidas extraordinarias de protección colectiva e individual para líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en regiones como el Catatumbo, donde se han registrado múltiples víctimas. Estas medidas incluyen la asignación de recursos para garantizar la seguridad y el retorno seguro de los afectados a sus territorios.​

Además, el Gobierno ha presentado un “plan de choque” ante la ONU para acelerar la implementación del acuerdo de paz, que incluye reformas en áreas como la sustitución de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la seguridad en zonas afectadas por el conflicto.

Este plan busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo en los territorios afectados, aunque enfrenta desafíos como la violencia de grupos armados ilegales y la falta de recursos.