El próximo martes 20 de mayo está previsto que el Senado elija a quien ocupará la vacante dejada por la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional.
Entre los aspirantes está Héctor Alfonso Carvajal Londoño, abogado con trayectoria en el sector público y privado, quien es considerado uno de los candidatos con mayor probabilidad de ser escogido.
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En medio de la expectativa por la elección, el movimiento ciudadano De Cara al Futuro envió una carta abierta dirigida a los senadores de la República.
En el documento, manifestaron su preocupación por lo que consideran sería una afectación a la autonomía de la Corte si Carvajal resulta electo.
La misiva comienza con el siguiente llamado: “Surge la necesidad de redactar esta carta para solicitarle a usted, Honorable Senador(a) de la República de Colombia, que el próximo 20 de mayo no considere o reconsidere su decisión de depositarle su voto al Sr. Héctor Alfonso Carvajal Londoño como aspirante a la magistratura de la Corte Constitucional. Es un sentimiento generalizado el rompimiento, por parte del actual Gobierno Nacional, de un consenso preexistente y casi sagrado en lo atinente a nuestras instituciones políticas, de que la Corte Constitucional debía siempre contar con un equilibrio interno entre corrientes doctrinarias e ideológicas, y con la posibilidad de decidir íntegra y autónomamente la constitucionalidad de las decisiones o reformas adoptadas por el Gobierno Nacional de turno o el correspondiente Congreso”.
Los firmantes no expresan preferencia por otros nombres de la terna, compuesta además por Dídima Rico y Karena Caselles, pero insisten en que la preocupación se centra exclusivamente en el perfil de Carvajal. A su juicio, su elección pondría en riesgo la imparcialidad del alto tribunal.
En el texto se indica que, aunque no se desconoce la experiencia jurídica de Carvajal, existen dudas sobre su capacidad de actuar con independencia.
“El señor Carvajal ha obrado como agente defensor de los intereses del hoy Presidente (Gustavo Petro) desde hace 12 años, asumiendo su causa en diferentes controversias y durante estos últimos años de Gobierno defendiendo la legalidad de la financiación de la campaña Petro Presidente del 2022 ante el Consejo Nacional Electoral, asunto que -el país sabe- es de la mayor prioridad para el actual presidente de la República. La llegada de una figura tan comprometida perjudicaría la neutralidad de la más poderosa entidad colegiada de la Rama Judicial”.
Además, el documento señala una posible relación económica con el actual Gobierno.
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“El señor Carvajal, sin embargo, no es únicamente un evidente símbolo de obstrucción al desenvolvimiento de esa campaña presidencial, sino que cuenta con multimillonarios intereses en la contratación del actual Gobierno. Como se denunció en su momento, el sr. Carvajal contaba con contratos que ascendían a la nada módica suma de COP $735.683.000,00, de los cuales $395 millones provenían del Fondo Nacional del Ahorro, $175 millones de Colpensiones y $164 millones de Colombia Compra Eficiente”.
Otro punto que plantea la carta está relacionado con la edad del aspirante, quien está cerca de los 66 años. En Colombia, los magistrados deben retirarse al cumplir los 70. Por lo tanto, su periodo sería inferior al reglamentario de ocho años. El documento expone:
“Dificultando y entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades y funciones de la Corte, pues tendría que renunciar a la Corte Constitucional en diciembre de 2027, cuando cumpla 70 años de edad. Además, la preocupación radica en que Carvajal podría hacerse elegir y renunciar tan sólo un año después, es decir, en mayo de 2026, justamente para que el presidente Petro presente un nueva terna para que se elija a un magistrado para el período de ocho (8) años en tiempos clave, pues coincidiría con la elección del nuevo presidente de la República, dejando a este último sin la posibilidad de presentar una terna para llenar esa vacante, de llegar a ser elegido Carvajal”.
Según la carta, esa eventual mayoría oficialista en la Corte, sumada al control de otros órganos, “se sumaría al control de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo; un completo despropósito si lo que se pretende es tener instituciones pluralistas y que reflejen la heterogeneidad política de una Nación como la colombiana”.
Con esa advertencia, los senadores deberán tomar una decisión en la sesión plenaria.
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