El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, emitió un llamado de atención al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debido a la falta de efectividad de las medidas implementadas para proteger a miembros de la fuerza pública frente al plan pistola del Clan del Golfo en varias regiones del territorio nacional.
Según un documento de tres páginas que emitió el órgano de control, las estrategias actuales no han logrado mitigar la amenaza sistemática contra la integridad de los uniformados, lo que ha resultado en el asesinato de 19 uniformados solo en abril de 2025.
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De acuerdo con el procurador Arrieta, aunque el Ministerio de Defensa ha establecido controles administrativos como boletas de salida y alertas tempranas, así como operativos como patrullajes conjuntos e inteligencia, estas medidas no han sido suficientes ni oportunas para enfrentar la violencia generada por el Clan del Golfo. En este contexto, la Procuraduría solicitó al Ministerio incrementar las medidas de autoprotección para los uniformados y crear un grupo especial permanente que investigue los crímenes cometidos contra ellos.
El documento también enfatiza la necesidad de una revisión urgente y técnica de las estrategias actuales, con el objetivo de garantizar su eficacia y eficiencia. Entre las recomendaciones específicas, se encuentra el despliegue de unidades móviles de seguridad y control territorial en los municipios donde se ha confirmado la presencia del Clan del Golfo o de estructuras criminales similares. Estas acciones deben priorizarse en localidades con antecedentes de ataques sistemáticos o señaladas en alertas tempranas de riesgo.
Así las cosas, el Ministerio de Defensa tiene un plazo de tres días hábiles para presentar a la Procuraduría un plan de acción detallado que incluya metas y un cronograma orientado a mejorar la protección de los integrantes de la fuerza pública. Además, el procurador Arrieta solicitó que se remitan informes mensuales al Ministerio de Defensa sobre los avances del plan, incluyendo indicadores relacionados con la reducción de ataques, capturas y las medidas de protección implementadas.
Otra de las recomendaciones incluidas en el documento apunta a una coordinación con autoridades locales y personerías municipales para reforzar la protección y brindar atención psicosocial a los uniformados que operan en las zonas más afectadas por la violencia del Clan del Golfo. Este enfoque busca no solo garantizar la seguridad física de los miembros de la fuerza pública, sino también atender las consecuencias emocionales y psicológicas derivadas de su exposición constante a situaciones de riesgo.
Y es que el llamado de atención de la Procuraduría refleja la preocupación por la persistencia de la violencia en ciertas regiones del país y la necesidad de adoptar medidas más contundentes para proteger a quienes enfrentan directamente estas amenazas.
Procuraduría ya había pedido información al Ministerio de Defensa sobre los ataques contra la fuerza pública
Es importante mencionar que tan solo una semana antes, el órgano de control había solicitado al Ministerio de Defensa un informe oficial que detallara los hechos, con base en comunicaciones de prensa y medios de comunicación, así como los criterios técnicos, jurídicos e institucionales que el Gobierno nacional planeaba implementar para fortalecer la protección de los miembros de la fuerza pública.
Además, el órgano de control planteó en aquella ocasión siete interrogantes específicos, entre ellos qué medidas se habían adoptado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, qué parámetros se utilizarían para la toma de decisiones en investigaciones criminales contra uniformados y si se contemplaba la posibilidad de modificar o revocar el Decreto 0448 de 2025 en caso de que se determine que genera vulnerabilidades.
De hecho, en la carta se dejó en claro que la información solicitada debía ser remitida a través de la sede electrónica de la Procuraduría General, con copia al correo electrónico institucional, en un término no superior a tres días hábiles desde la recepción del requerimiento.
La carta, firmada por Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, enfatizaba además que la actuación de la entidad responde a su función preventiva y de control, orientada a anticipar decisiones que puedan comprometer la legalidad, el interés general y la garantía de los derechos fundamentales.
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