El exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García Romero, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo, señaló al presidente Gustavo Petro como responsable de su situación jurídica.
Según reportó Cambio, García sostiene que su encarcelamiento se debe a un debate de control político liderado por Petro en 2005, cuando este último era representante a la Cámara.
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En dicho debate, Petro lo vinculó con la reunión de las Canarias, donde presuntamente se gestó un bloque paramilitar.
Este señalamiento, según García, fue clave para que la Corte Suprema de Justicia iniciara el proceso que culminó en su condena.
El juicio actual contra García Romero, que avanza en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se centra en el desplazamiento forzado de cuatro mil campesinos tras la masacre de Macayepo, ocurrida el 14 de octubre del año 2000.
En este crimen, perpetrado por el Bloque Héroes de los Montes de María, murieron doce personas en el corregimiento de Macayepo, ubicado en los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.
Según la Corte, la masacre tuvo como objetivo consolidar el control paramilitar en la región y permitir que el ganadero José Joaquín García Rodríguez recuperara ganado robado por grupos subversivos.
García Romero, entonces senador, habría facilitado que las autoridades militares de Sucre no intervinieran en el ataque.
El exsenador, que militó en el movimiento Colombia Democrática, fundado por Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta este nuevo juicio mientras cumple su condena en la cárcel La Picota.
Aunque una jueza había ordenado su libertad condicional tras certificar que había cumplido más de dos tercios de su pena, el proceso por desplazamiento forzado, asumido por la Corte en julio de 2024, bloqueó su salida.
En su defensa, García Romero desplegó una estrategia jurídica que busca desacreditar las pruebas en su contra, apuntando directamente al presidente Petro. Durante las diligencias ante el magistrado Jorge Caldas, García afirmó que su condena se basa en el testimonio de Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, un testigo clave citado por Petro en el debate de 2005.
Según García, tanto Petro como Castillo Peralta construyeron un caso basado en mentiras. En una carta enviada a la Corte Suprema el 7 de mayo, García calificó su proceso como un “espectáculo” y acusó a Petro de utilizarlo como símbolo de la parapolítica.
El testimonio de Petro, que forma parte del acervo probatorio del caso, fue presentado en 2017 ante la Corte Suprema. En su declaración, Petro ratificó las acusaciones realizadas en el debate parlamentario de 2005, basadas en declaraciones bajo juramento de testigos como Castillo Peralta.
Petro señaló que las pruebas indicaban la participación de García Romero en reuniones con paramilitares y su rol en la conformación de grupos armados en Sucre. Sin embargo, García cuestionó la validez de estas acusaciones, argumentando que Petro actuó como “testigo de oídas” y que su condena no tiene sustento en pruebas directas.
En desarrollo de este proceso, García también intentó desacreditar a Castillo Peralta, describiéndolo como un “mitómano” con “desvíos mentales”.
Según el exsenador, Castillo Peralta manipuló a Petro para que lo señalara en el debate de 2005. García insiste en que su vínculo con los paramilitares y su responsabilidad en la masacre de Macayepo son fabricaciones basadas en el testimonio de este testigo.
Por su parte, el presidente Petro, que ha sido crítico de la parapolítica en Colombia, se refirió a García Romero en julio de 2023 durante un evento público.
En esa ocasión, Petro afirmó que García utilizó la violencia para mantenerse en el poder en Sucre, vinculandolo con asesinatos de opositores, fiscales y campesinos. Aunque expresó su deseo de que García pudiera disfrutar de su vejez en libertad, subrayó que la justicia lo mantiene encarcelado por sus crímenes.
En cuanto al desarrollo del juicio, la Corte Suprema comunicó recientemente a García Romero la posibilidad de aplicar un beneficio jurídico contemplado en la ley 890 de 2004. Este establece que, en caso de ser hallado culpable, la pena máxima que podría recibir no superará los 60 años de prisión.
Además, la Corte abrió la posibilidad de incorporar nuevos testimonios en el proceso, lo que podría influir en la decisión final sobre su culpabilidad en los desplazamientos forzados.
El caso de García Romero, que ya lleva más de 13 años en curso, sigue siendo un símbolo de la parapolítica en Colombia y de las complejas relaciones entre el poder político y los grupos armados ilegales. Mientras tanto, el exsenador continúa buscando su libertad, enfrentándose a un proceso judicial que podría definir el resto de su vida.
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