En medio de un creciente debate público sobre la estabilidad financiera de Ecopetrol y el impacto de recientes decisiones tributarias del Gobierno nacional, el exsenador y excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de guardar silencio ante lo que calificó como un “ataque irredimible” contra la principal empresa estatal del país.
Las declaraciones del político provocaron una nueva controversia política que pone en el centro del debate la relación entre el Ejecutivo y Ecopetrol, así como los efectos económicos de medidas adoptadas por las autoridades fiscales y financieras.
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A través de su cuenta oficial en la red social X, Robledo aseguró que las decisiones tomadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Hacienda en contra de Ecopetrol, relacionadas con el cobro de 9,4 billones de pesos por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) por la importación de gasolina, no pudieron haberse ejecutado sin el aval del presidente Gustavo Petro.

“Es tan duro el ataque a las finanzas de @ECOPETROL_SA y contra Colombia -hasta por $30 billones- que no es creíble que el Director de la @DIANColombia y el @MinHacienda lo hayan decidido sin el respaldo de @petrogustavo, de quien se sabe detesta a Ecopetrol y al petróleo (sic)”, publicó el líder político en la red social.
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Según Robledo, estas medidas no solo afectan el presente financiero de la empresa, sino que, en su interpretación, hacen parte de una estrategia deliberada para debilitar a Ecopetrol con fines políticos.
“Y el impacto de la gran suma que quieren quitarle a Ecopetrol le hace más daño porque sus finanzas están en problemas y porque esa plata es para financiar el clientelismo electoral de Petro y el petrismo!!! Que Petro dé la cara”, señaló en su mensaje.

En una intervención difundida por video, el también dirigente del movimiento Dignidad y Compromiso amplió su acusación al afirmar que el cobro retroactivo de impuestos podría elevarse incluso hasta los 21 billones de pesos, empujando a la compañía “hacia una crisis profunda”.
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Robledo argumentó que esta situación se agrava por factores como el nivel de endeudamiento de la empresa, una dirección que calificó de “pésima” bajo el mando de Ricardo Roa y su junta directiva, así como por la caída en el precio internacional del petróleo.
Además, Robledo cuestionó la reciente operación en la que Ecopetrol adquirió bonos por valor de 7,7 billones de pesos, lo que, según sus palabras, constituye otra carga financiera injustificada que amenaza la sostenibilidad de la compañía. Para él, estas decisiones no solo son “perniciosas”, sino que abren la puerta a una posible privatización, un objetivo que asoció con antiguos intereses del modelo económico neoliberal.
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“Al mismo tiempo, hay un feroz ataque del ministro de Hacienda a Ecopetrol, al poner a esta empresa a comprar 7,7 billones de pesos en unos bonos en los que perderán grandes sumas. Estas decisiones son tan perniciosas que pueden desquiciar a Ecopetrol, facilitando el conocido y viejo objetivo neoliberal de privatizarla. Sospechoso, ¿cierto?”, añadió Robledo.
Desde su perspectiva, estas medidas no se toman de forma aislada, sino que responden a una línea ideológica definida dentro del Gobierno actual. “Y es obvio que medidas de este calibre tienen origen en las decisiones del presidente Gustavo Petro. Así él y sus correveidiles lo oculten. Porque estamos ante una suma tan grande en una empresa tan importante para Colombia que en ningún país se mueve sin las órdenes del jefe del Estado”, enfatizó.
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Las declaraciones del líder político coincidieron con la divulgación del informe financiero del primer trimestre de 2025 por parte de Ecopetrol. Según el documento, la empresa obtuvo un beneficio neto de 4,23 billones de pesos, lo que representó una caída del 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Ante esta situación, Ecopetrol anunció que tomará medidas legales en contra del requerimiento de la Dian. En un comunicado oficial, la petrolera afirmó que “difiere de la interpretación” de la normativa realizada por la autoridad tributaria y que responderá en los próximos días mediante los mecanismos legales establecidos.
El monto exigido por la Dian abarca desde 2022 a 2024, en virtud de una reforma tributaria que, según la entidad, obliga a las empresas importadoras a pagar IVA por combustibles desde 2016.
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La controversia reavivó el debate sobre la política energética del Gobierno actual, así como sobre el manejo financiero de las empresas estatales. Aunque el Ejecutivo no ha emitido declaraciones formales frente a las acusaciones de Robledo, el silencio señalado por el dirigente político fue interpretado por sus seguidores como un factor que incrementa la incertidumbre.
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