Presidente de la JEP fue denunciado por presuntas irregularidades por evento organizado en Palomino, La Guajira

La Comisión de Investigación y Acusación recibió una denuncia formal contra el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, por presuntas irregularidades relacionadas con un evento institucional realizado en abril de 2025 en un hotel boutique en Palomino, La Guajira.

Según el documento los cargos incluyen peculado por uso, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, constreñimiento ilegal, usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción.

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Este encuentro, que fue financiado con recursos de cooperación internacional, ha generado controversia tanto dentro como fuera del tribunal.

El evento fue organizado bajo la autorización de Ramelli y no estaba vinculado a casos judiciales específicos. Las actividades incluyeron talleres y espacios de reflexión institucional en un entorno descrito como turístico.

“En ejercicio del derecho constitucional de control político y judicial sobre la función pública (arts. 40, 95.7 y 270 de la Constitución), y con fundamento en la calidad de aforado del funcionario denunciado (art. 178.3 CP), presento esta denuncia penal y disciplinaria contra contra Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en virtud de su calidad de aforado (art. 178.3 CP) y en atención a los graves hechos que se detallan a continuación”, dice el documento radicado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Más de treinta comisiones de servicio fueron emitidas para que magistrados y funcionarios asistieran, a pesar de que no se trataba de audiencias o actos procesales urgentes.

Este hecho fue señalado como un posible uso indebido de recursos y tiempo en un momento en que la JEP enfrenta retrasos en decisiones clave sobre macrocasos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

El evento también generó tensiones internas en la JEP. La magistrada Claudia López Díaz expresó su desacuerdo mediante una carta dirigida a Ramelli, en la que cuestionó la pertinencia del encuentro.

En su misiva, López señaló que el traslado de toda la magistratura para participar en esta actividad no respondía a las necesidades más urgentes del tribunal y podría ser contraproducente en el contexto actual.

Además, advirtió sobre la posibilidad de que se activara la suspensión de términos durante el evento, lo que, según ella, afectaría la celeridad de los procesos que la sociedad colombiana exige.

En respuesta, Ramelli envió una carta a López solicitándole que se abstuviera de realizar comentarios públicos sobre el caso. Según análisis jurídicos citados por Semana, esta comunicación podría interpretarse como un intento de restringir la libertad de expresión y la autonomía funcional de la magistrada. Las cartas intercambiadas entre ambos han sido propuestas como evidencia en posibles investigaciones sobre la gestión del caso.

El evento en Palomino también fue objeto de críticas externas. Fuentes en Washington informaron a Semana que el viaje está bajo la lupa de actores internacionales, como el Instituto de Paz de Estados Unidos (Usip), que previamente había apoyado técnicamente a la JEP en la aceleración de sentencias.

Aunque el Usip negó haber financiado el evento, su delegado confirmó que estuvo presente en Palomino para cerrar actividades con autoridades locales y despedirse de los magistrados. Así mismo, la carta de López también fue remitida al Instituto Kroc para Estudios de Paz, que monitorea la implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

El polémico encuentro tuvo lugar en el exclusivo hotel boutique Naio, ubicado en primera línea de playa en Palomino. Testigos confirmaron que una comitiva de aproximadamente 40 personas, incluidos escoltas armados, ingresó al hotel el 3 de abril de 2025.

Las tarifas en este lugar pueden alcanzar hasta un millón de pesos por noche por persona. Además de los talleres, el evento incluyó actividades de ocio, autocuidado y prácticas ancestrales, lo que ha sido señalado como un uso cuestionable de recursos en un contexto de retrasos en los procesos judiciales de la JEP.

La controversia también se dio en medio de un panorama de críticas hacia la JEP por la falta de avances significativos en sus objetivos principales. A casi ocho años de su creación, el tribunal no ha emitido sentencias condenatorias contra las Farc o la Fuerza Pública y sólo concluyó dos de los 11 macrocasos abiertos, relacionados con secuestros y ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Este historial ha generado descontento entre las víctimas y sectores de la sociedad que exigen resultados concretos.

Hasta el momento, la JEP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia contra Ramelli ni sobre las críticas al evento en Palomino.

La situación sigue generando debate tanto dentro del tribunal como en la opinión pública, mientras se espera que las autoridades competentes determinen si se abrirá una investigación formal.