Madres aseguran que la Udmo usó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra protesta por abuso de menores en jardín infantil en Bogotá

La noche del 6 de mayo de 2025 estuvo marcada por tensiones en el sur de Bogotá, cuando un grupo de padres de familia que protestaba pacíficamente contra presuntos casos de abuso sexual a 12 niños en un jardín infantil fueron confrontados por la Unidad de Disturbios y Mantenimiento del Orden (Udmo).

Según denunció la concejala Heidy Sánchez Barreto, del Pacto Histórico, las autoridades emplearon granadas aturdidoras y gases lacrimógenos durante la intervención, lo que generó indignación entre los manifestantes y observadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Sánchez Barreto criticó duramente la respuesta de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, señalando que la decisión de enviar a la Udmo fue una medida desproporcionada frente a una manifestación que describió como “absolutamente pacífica”.

Según la concejala, los funcionarios presentes en el lugar permanecieron “impávidos” mientras se utilizaban estos métodos de dispersión, que incluso afectaron a menores de edad que se encontraban en la protesta.

La protesta se originó tras la denuncia de abusos sexuales cometidos contra 12 niños en un jardín infantil ubicado en el sur de la ciudad.

Los padres de las víctimas exigían justicia y acciones concretas por parte de las autoridades locales para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los menores. Sin embargo, la respuesta policial generó un nuevo foco de controversia, al ser percibida como una violación al derecho a la protesta pacífica.

Sánchez Barreto calificó la actuación de la Udmo como “totalmente reprochable” y cuestionó las garantías ofrecidas por la administración de Galán para quienes deciden manifestarse.

La concejala destacó la gravedad del contexto en el que se dio esta intervención, subrayando que se trataba de una protesta motivada por un suceso “tan lamentable” como los abusos denunciados en el jardín infantil.

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte del alcalde Carlos Fernando Galán ni de la Udmo en respuesta a las acusaciones realizadas por Sánchez Barreto.

Captura y legalización del presunto abusador en jardín infantil de Bogotá genera indignación

La captura de Freddy Castellanos, señalado de abusar sexualmente de al menos 12 niños de entre 2 y 3 años en un jardín infantil de la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, fue legalizada durante la noche del martes 6 de mayo.

Según informó Noticias RCN, un juez con funciones de control de garantías en la capital colombiana dio inicio al proceso penal contra el exfuncionario, quien trabajaba en una institución adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con el medio, las audiencias de imputación de cargos y la posible imposición de medida de aseguramiento contra Castellanos están programadas para la tarde del miércoles 7 de mayo.

En estas diligencias se determinará si el acusado será privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Castellanos fue detenido en la mañana del martes, en medio de un caso que ha generado indignación y protestas en la comunidad.

Habitantes del barrio Villa Javier, donde ocurrieron los hechos, se manifestaron para expresar su rechazo y exigir justicia.

Según reportó la Secretaría de Movilidad, las protestas incluyeron bloqueos en la calle 11 sur con carrera 10, afectando tanto la calzada mixta como la exclusiva para transporte público.

Los manifestantes no solo demandaron sanciones ejemplares contra el presunto abusador, sino también explicaciones por parte de las entidades responsables, a las que acusan de negligencia en la protección de los menores.

El caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, especialmente por tratarse de un funcionario de una institución vinculada al cuidado y bienestar infantil.

Las denuncias apuntan a que los abusos se habrían cometido dentro del jardín infantil, lo que ha llevado a cuestionar los protocolos de seguridad y supervisión en este tipo de establecimientos.