Gobernadora del Valle rechazó el secuestro de menor de 11 años en Jamundí: autoridades ofrecen millonaria recompensa

A primera hora del domingo 4 de mayo se conoció sobre el secuestro de un niño de 11 años en el corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí, lo que generó una fuerte conmoción en el departamento del Valle del Cauca.

Según informaron las autoridades, el menor fue raptado la noche del sábado 3 de mayo, alrededor de las 8:00 p. m., por hombres armados que lo interceptaron en una zona rural de difícil acceso.

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Frente al hecho, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien proporcione información que permita localizar al niño y capturar a los responsables.

Las autoridades han habilitado la línea telefónica 314 358 7212 para recibir reportes, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren. Asimismo, la gobernadora del departamento, Dilian Francisco Toro, expresó su rechazo al secuestro a través de sus redes sociales.

“Como gobernadora, madre y mujer, repudio con dolor el secuestro de un menor de 11 años en Jamundí. ¡Es una violación a los derechos humanos especialmente protegidos como son los niños! Ministerio de Defensa, Icbf y Defensoría del Pueblo, unámonos por su protección. Pido a la Iglesia, a la Misión ONU y a la Cruz Roja Colombiana mediar por su liberación. ¡Los niños no se tocan!”, señaló la mandataria departamental.

Por su parte, en un comunicado oficial, la administración departamental hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de rumores o información no verificada, ya que esto podría entorpecer las investigaciones en curso. Asimismo, se confirmó que se está brindando acompañamiento institucional a la familia del niño, quienes enfrentan momentos de gran angustia.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el niño es hijo de un comerciante local y fue llevado con rumbo desconocido. Asimismo, las labores de búsqueda han enfrentado complicaciones debido a las características geográficas del lugar, lo que ha obligado a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo de gran alcance.

El Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y cuerpos de inteligencia, lidera las acciones para localizar al menor y dar con los responsables.

En medio de este operativo, se han establecido cercos en puntos estratégicos para evitar que los secuestradores utilicen rutas alternas para escapar.

Además, se están realizando patrullajes terrestres, entrevistas con los habitantes de la zona y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad. Según los primeros indicios, una de las hipótesis apunta a que el grupo armado conocido como “Jaime Martínez”, una facción de las disidencias de las Farc, podría estar involucrado en el secuestro.

Esta organización tiene presencia en varias áreas rurales del Valle del Cauca y ha sido señalada previamente por delitos como secuestro y extorsión.

Hasta el momento, no se ha recibido ninguna exigencia económica por parte de los secuestradores, aunque las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con posibles actos de extorsión o retaliaciones. Las investigaciones continúan abiertas y se mantienen varias líneas de trabajo para esclarecer los motivos detrás de este crimen.

Entretanto, la disidencia de las Farc Jaime Martínez, que opera principalmente en Cali, Jamundí y el Cauca, surgió tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP.

Este grupo se formó a partir de un sector radicalizado del Frente 6 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, que rechazaron el desarme y optaron por replegarse en antiguos corredores rurales del norte del Cauca, como Toribío, Caloto, Corinto y Suárez.

La organización, bautizada en honor a un comandante fallecido en combate en el año 2000, se enfocó desde sus inicios en mantener el control de los cultivos ilícitos de coca, las rutas de movilidad hacia el Pacífico y las redes de extorsión que afectan a la población rural