Un proyecto de ley que busca beneficiar a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con una pensión especial de vejez sin necesidad de cumplir con la edad mínima establecida avanza en el Congreso de la República y ha llamado la atención de diversos sectores por los beneficios que podría traer para este grupo de colombianos.
Esta iniciativa ha rondado desde hace varios meses en los pasillos del órgano legislativo y está dirigida para aquellos funcionarios que desempeñan actividades clasificadas como de alto riesgo, teniendo en cuenta los retos de seguridad que enfrentan a diario, debido a las condiciones laborales que podrían afectar su expectativa de vida saludable.
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Cabe mencionar que el proyecto fue presentado por el senador liberal Miguel Ángel Pinto, que afirma que las actividades de alto riesgo incluyen labores relacionadas con la vigilancia y custodia de internos en centros penitenciarios, así como otras funciones realizadas dentro de estos establecimientos, siempre que no estén administrados por la Fuerza Pública.

El texto define que entre los “integrantes con función de alto riesgo” se encuentran oficiales, suboficiales, dragoneantes y alumnos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, abarcando rangos como comandante, mayor, capitán, teniente, inspector jefe, inspector, distinguido y dragoneante.
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Del mismo modo, el proyecto establece que los trabajadores afiliados al Régimen de Prima Media que hayan desempeñado actividades de alto riesgo durante al menos 700 semanas, ya sea de manera continua o discontinua, podrán acceder a esta pensión especial de vejez.
Aunque la norma mantiene los requisitos de edad establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también contempla excepciones. Según el articulado, los funcionarios podrían pensionarse sin cumplir con la edad mínima en caso de que hayan completado 20 años de servicio o si ya han cotizado al menos 1.029 semanas al servicio del Inpec.
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Para financiar este beneficio, el proyecto propone una cotización adicional del 10% a cargo del empleador, que se sumará a lo estipulado por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones. Además, el índice de base de liquidación para esta pensión especial será del 75% del salario devengado durante el último año de servicio, según detalla la iniciativa impulsada por el senador.

El documento también aborda los riesgos relacionados con el trabajo de los funcionarios penitenciarios, dividiéndolos en tres categorías: social, laboral y propios del ejercicio. Entre los factores de riesgo mencionados se encuentran las extensas jornadas laborales, el aislamiento familiar, la exposición a ambientes hostiles, los amotinamientos, los intentos de fuga y el traslado de internos.
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Asimismo, se destacan riesgos físicos, biológicos, ergonómicos, de seguridad y la exposición a enfermedades por estar en un entorno tan complicado, pues las cárceles en Colombia cuentan con gran cantidad de problemáticas.
Y es que el proyecto de ley busca reconocer las condiciones adversas que enfrentan estos trabajadores a diario y así garantizarles una protección adecuada en términos de seguridad social. Según lo planteado, la aprobación de esta normativa representaría un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios del Inpec, que desempeñan un papel crucial en el sistema penitenciario del país.

Cabe mencionar que el funcionario no es el único defensor del proyecto, pues a él se suma Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, que ha pedido “Dignidad en el empleo para los guardianes del Inpec” con esta iniciativa que promete “mejorar sus condiciones laborales, de seguridad y salud. Un proyecto construido y concertado entre todos los senadores de nuestra Comisión Séptima”, expresó en abril de 2024 ante el avance positivo del proyecto de ley.
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