Tensiones entre directivos del grupo Ecopetrol terminó con la salida del presidente de Hocol: ya tienen reemplazo

Luis Enrique Rojas Cuéllar dejó de ser presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, desde el martes de 30 de abril de 2025, en medio de las fuertes tensiones entre directivos del grupo Ecopetrol, que incluyó investigaciones y acusaciones contra el ahora exfuncionario relacionadas con presuntas irregularidades en contratos de venta de gas.

Según información conocida por El Tiempo, la salida de Rojas fue notificada oficialmente a través de un comunicado emitido por la gerencia de Talento Humano de Ecopetrol, en el que se confirmó que su gestión había concluido y que se estaba llevando a cabo un proceso de selección para designar a su sucesor.

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El comunicado interno, titulado como información relevante, detalló que la decisión se tomó en cumplimiento de los estatutos de la sociedad. Asimismo, la filial informó que mientras se define al nuevo presidente, Santiago Reyes, secretario de la junta directiva de Hocol, asumirá el cargo de manera provisional.

Sin embargo, el diario nacional conoció que ya se menciona como posible candidato a Bayron Triana, actual gerente de estrategia de la vicepresidencia de energías para la transición de Ecopetrol y cercano a Ricardo Roa, presidente de la compañía matriz.

La salida de Rojas Cuéllar ocurre después de las fuertes tensiones dentro del grupo empresarial. Las investigaciones se centran en un paquete de contratos de venta de gas firmados en 2021 durante la administración de Rafael Guzmán, que ahora ocupa el segundo puesto en Ecopetrol bajo la dirección de Ricardo Roa.

Guzmán ha negado categóricamente las acusaciones de enriquecimiento ilícito y otras irregularidades relacionadas con estos contratos. Las indagaciones fueron solicitadas por el propio gobierno de Gustavo Petro, lo que ha generado una disputa interna en la principal compañía estatal.

Además, el diario nacional reveló que a Rojas se le habría solicitado su renuncia debido a supuestas filtraciones de información y por no haber informado sobre investigaciones en curso en la Fiscalía en las que se le menciona.

Estas investigaciones, según el medio, fueron clave para precipitar su salida. En respuesta, Rojas denunció haber sido víctima de persecución y amenazas, argumentando que su situación se debía a que “había pisado callos”. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias.

Entretanto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha iniciado una inspección patrimonial contra varios directivos y exdirectivos de Hocol por el escándalo que involucra presuntas penalidades por 180 millones de dólares. Estas sanciones derivarían del incumplimiento en la entrega de gas pactada en un contrato firmado en 2021, según reportó La W Radio.

El contrato en cuestión fue suscrito por Rafael Guzmán, que en ese momento ocupaba la presidencia de Hocol. Según la información publicada por el medio, Guzmán era considerado un funcionario de “toda la confianza” del entonces presidente de Ecopetrol.

Este vínculo ha generado cuestionamientos sobre si las decisiones tomadas en la filial contaban con el respaldo o conocimiento de la casa matriz, lo que podría implicar responsabilidades en niveles más altos de la organización.

De acuerdo con La W Radio, Guzmán no habría actuado solo. Otros altos funcionarios de Hocol, como Ricardo Castaño (vicepresidente de Producción), Juan Carlos Rodríguez (gerente comercial) y Cristian Castro (gerente legal), habrían respaldado las decisiones relacionadas con los contratos.

En este contexto, se destacó que Cristian Castro tiene un vínculo familiar con Iván Velásquez, exministro de Defensa, lo que añade un elemento adicional de interés al caso.

Para sustentar los contratos de venta de gas a seis años, Hocol habría incrementado las reservas del campo Ballena de 10 a 45 millones de barriles equivalentes.

Sin embargo, esta información está siendo revisada por la Contraloría General de la República, que busca determinar si hubo manipulación de datos para justificar los acuerdos.

Además, una denuncia anónima en poder de la Fiscalía señala que Rafael Guzmán habría recibido más de 20 millones de dólares en sobornos por la firma de los contratos.

Según esta acusación, los acuerdos se habrían cerrado a precios de entre cuatro y cinco dólares por millón de BTU (unidad de medida de energía térmica), valores que estarían por debajo del promedio del mercado en ese momento. Esta diferencia habría favorecido de manera irregular a las contrapartes comerciales, generando perjuicios financieros significativos para la empresa.