
El fin de semana se conocieron nuevas revelaciones dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el que, supuestamente, se desvío dinero de ese organismo para sobornar congresistas y sacar adelante las reformas sociales que impulsa el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Congreso de la República.
Según unas conversaciones por Whatsapp que entregó a la Fiscalía la exalta Consejera para las Regiones Sandra Ortiz, durante un desayuno en la oficina del senador Iván Name, que para la época de los hecho era el presidente del Senado, le entregaron una dádiva para que también se garantizara la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, informaron en la revista Semana.
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Sobre esos nuevos hechos que dio a conocer la exfuncionaria de su Gobierno, se refirió el presidente de la República, Gustavo Petro, donde la emprendió contra el congresista del Partido Alianza Verde en el consejo de ministros televisado que llevó a cabo el lunes 28 de abril, pero que para esta ocasión solo se transmitió en los canales institucionales.
“La prensa dice, más o menos es el relato, que la señora Sandra, que trabajaba aquí, le entregó 3.000 millones de pesos al senador Iván Name. No sé exactamente qué dijo la señora, porque expresa que una parte iba para comprar senadores para elegir como magistrado a Vladimir Fernández. No Puedo decir sí o no, pero si me causa una inquietud: ¿Por qué necesitaba Fernández comprar senadores si la terna era toda presentada por el presidente de la República toda como ha hecho con la Fiscalía y otras?”, cuestionó.
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El presidente, además, expresó sus reparos sobre en esa narrativa de que el Gobierno haya comprando al congresista, cuando fue el que más se opuso al trámite de la reforma pensional, que para la época de los hechos se estaba tramitando en el Legislativo.
“Este es un proyecto de 2 años y lo discutió en el último debate. Como se sabía que iba a sabotearlo, se terminó aprobando el mismo texto del Senado, para que no hubiera comisión de conciliación y para que entonces Iván Name no tuviera la opción de hundirnos. ¿Y entonces dónde quedó el soborno?”, afirmó.
Insistió en que esa hipótesis sobre ese entramado de corrupción no resultaba plausible y no se estaba “diciendo la verdad” en la investigación por estos hechos y dejó entrever que esos apuntaban a conseguir réditos electorales en el Partido Verde, durante las votaciones para escoger mandatarios regionales.
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“Si hubo ese soborno, que no lo sé, coincide con una fecha: la elección de su hija al Consejo de Bogotá. No nos busquen a nosotros lo que no hemos hecho. Nosotros no compramos congresistas ni yo ordenó eso”, afirmó.
Reiteró que si hubo beneficios fue para la colectividad de Name y de Ortiz, de nuevo por el tema de las elecciones en las regiones.
“Los verdes de este sector robaron dinero para elegir concejales. De ellos, que no son del Gobierno, que no nos ayudan ni cinco, que la justicia investigue. Pero Iván Name no recibió sobornos porque desde el día uno fue un enemigo del Gobierno hasta el día final”, insistió.
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El entramado de corrupción de la Ungrd ha sido uno de los más sonados en la actual administración ya que comenzó como una operación aparentemente necesaria para salvar vidas en La Guajira con la adquisición de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades que carecen de este servicio y concluyó con el desvío de recursos.
Olmedo López, exdirector del organismo, nombrado por Petro, y el exsubdirector Sneyder Pinilla admitieron su responsabilidad en estos hechos en la búsqueda de lograr un principio de oportunidad con la Justicia.
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