El proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, en relación con las interceptaciones ilegales realizadas durante las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, alcanzó un punto crucial.
Luego de más de una década de indagaciones, la Fiscalía General de la Nación determinó que no existen elementos probatorios que vinculen directamente al exmandatario con estos hechos. Como consecuencia, la entidad programó una audiencia para solicitar la preclusión del caso ante un juez de conocimiento.
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La diligencia judicial fue fijada para el viernes 2 de mayo a las 7:30 a. m., y se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. Durante esta audiencia, el ente acusador solicitará que se archive el proceso en favor del expresidente Uribe, por el expediente relacionado con las denominadas “chuzadas” a los delegados del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, que adelantaban conversaciones con el grupo insurgente en La Habana (Cuba).
El abogado defensor del exmandatario, Jaime Granados, indicó que la intención de su cliente es que este proceso judicial concluya de manera definitiva. “El presidente Álvaro Uribe es el más interesado que ese largo proceso que data del año 2014 pueda concluir con una preclusión a su favor”, señaló el jurista, que ha estado al frente de la defensa del exjefe de Estado durante todo el trámite judicial.
Los hechos que dieron origen a esta investigación se remontan a junio de 2014, inmediatamente después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por este caso fue capturado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, un especialista en informática conocido por su participación en actividades de espionaje digital, y que habría sido vinculado a una campaña de desprestigio en contra del proceso de paz impulsado por el gobierno de Santos.
Según los informes iniciales, Sepúlveda fue contactado por el entonces candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga para ejecutar acciones digitales orientadas a minar la legitimidad del proceso de diálogo con la guerrilla.
El caso tomó especial relevancia en el escenario político y mediático del país, no solo por la gravedad de los señalamientos, sino por la implicación indirecta del expresidente Uribe, al liderar el Centro Democrático. Las acusaciones que surgieron entonces apuntaban a que el exmandatario conocía de antemano la estrategia digital promovida por Sepúlveda.
No obstante, con el avance de la investigación, no se hallaron elementos documentales ni testimoniales que permitieran sustentar estas afirmaciones.
En relación con estos hechos, en 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, que se desempeñaba como asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El alto tribunal concluyó que la Fiscalía no logró acreditar la responsabilidad penal del hombre en los hechos materia de investigación, y determinó que los indicios presentados eran insuficientes para emitir una condena.
Por otro lado, el propio Sepúlveda aceptó su participación en la operación y firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que admitió su responsabilidad. Como resultado de este acuerdo judicial, fue condenado a diez años de prisión, pena que cumple desde entonces.
Su testimonio, sin embargo, no fue suficiente para comprometer legalmente al expresidente Uribe ni a otros dirigentes del partido Centro Democrático.
La audiencia de preclusión del 2 de mayo será definitiva para establecer si el proceso penal en contra del expresidente puede cerrarse de forma oficial. Esta diligencia estará a cargo de un juez penal del circuito de Bogotá, que deberá analizar si la petición de la Fiscalía cumple con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal colombiano para proceder con la preclusión.
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