Una nueva controversia se desató entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), tras las declaraciones del jefe Estado en el Consejo de Ministros, del 21 de abril, acerca de destinar recursos de concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G) al financiamiento de la vacunación contra la fiebre amarilla. El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, respondió de forma muy enérgica al resaltar que los proyectos mencionados cumplen con sus obligaciones contractuales y que la redirección de estos fondos carece de viabilidad jurídica.
El dirigente aseguró que “todos los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”. La afirmación fue respaldada por un análisis de los mecanismos de financiamiento, con lo que se destacó que los recursos públicos asignados a estas iniciativas están destinados de manera exclusiva a pagar las obras ya ejecutadas o financiadas con dinero del sector privado.
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Además, el líder de la CCI enfatizó que las vigencias futuras, herramienta clave en el modelo de concesiones, no pueden ser utilizadas para otros propósitos diferentes a aquellos previamente aprobados. “Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado”, señaló.
En este sentido, aclaró que cualquier auditoría puede confirmar que los retrasos o paralizaciones en algunas obras no son culpa de los concesionarios, sino producto de la falta de decisiones dentro del Gobierno nacional.
Proyectos que enfrentan retrasos
Entre las dificultades mencionadas, figuran las relacionadas con licencias ambientales. De acuerdo con el análisis presentado, solo tres proyectos enfrentan retrasos importantes por esta razón, a pesar de que estas autorizaciones son competencia directa del Gobierno. La CCI afirmó que “proyectos como Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga-Pamplona pueden liquidarse de mutuo acuerdo, liberando recursos de vigencias futuras que resulten disponibles después de aplicar las fórmulas de liquidación incluidas en los contratos”.
Otro punto que generó polémica fue el caso del proyecto Mulaló-Loboguerrero, sobre el cual el Gobierno planteó que el concesionario adeuda $1,8 billones. Sin embargo, el gremio desmintió de forma tajante la acusación.
El presidente de la CCI afirmó: “La totalidad de las vigencias futuras que la nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar el proyecto Mulaló-Loboguerrero es del orden de $1,8 billones. Esta cifra ha generado rendimientos -en el propio patrimonio autónomo- por $400.000 millones, para un valor total de $2,2 billones. Estos recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el asignado no tiene deuda alguna con el Estado”.
Control y supervisión del Gobierno
Desde la perspectiva de la Cámara, los concesionarios no sólo han cumplido con los compromisos, sino que los recursos bajo su administración permanecen controlados y supervisados por completo por el Gobierno nacional. “El concesionario no ha hecho, ni puede hacer uso de esos recursos libre y autónomamente”, afirmó Caicedo al señalar que el Ejecutivo tiene la responsabilidad final de decidir si continuar con los proyectos actuales o liquidar contratos.
Además de defender la transparencia de las vigencias futuras, el CCI destacó la eficacia de este mecanismo. “Es tan evidente la virtuosidad del mecanismo de vigencias futuras, que el propio gobierno de Petro lo ha utilizado en el proyecto férreo de La Dorada-Chiriguaná”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó también que el Gobierno deberá recurrir a este esquema financiero para cumplir con la construcción de la vía Pasto-Popayán , una obra considerada estratégica para conectar al sur del país.
Finalmente, la CCI reiteró su disposición para colaborar con iniciativas que impulsen la infraestructura en Colombia y llamó a evitar afirmaciones que pongan en riesgo la reputación de las empresas responsables de estos proyectos.
“Hacemos un llamado para que en este debate no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afecta la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia” , puntualizó Juan Martin Caicedo.
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