Tras la decisión del juez 50 penal municipal de avalar la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y diez personas más por presuntas irregularidades en el caso Aguas Vivas, el proceso judicial entra ahora en una nueva etapa clave.
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¿Qué pasará ahora?
La Fiscalía cuenta con un plazo de 120 días para entregar el escrito de acusación a los abogados de los implicados, de acuerdo a la información publicada por el medio El Colombiano.
En este documento se incluirán todas las pruebas recopiladas durante la investigación, y será el punto de partida para la audiencia de formulación de acusación, donde se debatirá formalmente el caso ante el juez.
En dicha audiencia, los procesados podrán solicitar aclaraciones, presentar recusaciones y, si lo consideran, allanarse a los cargos para acceder a eventuales beneficios jurídicos.
Hasta el momento, ninguno de los acusados ha aceptado los delitos imputados. Daniel Quintero respondió: “No acepto los cargos, señor juez, soy inocente”, tras varios minutos de silencio.
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La Alcaldía de Medellín, posible víctima
También está pendiente una decisión sobre la apelación presentada contra el fallo que aceptó a la Alcaldía de Medellín como víctima en este proceso.
Si se mantiene esa decisión, la administración municipal podrá intervenir activamente en el juicio, reclamar reparaciones e influir en el desarrollo del proceso judicial.
El caso se centra en el manejo del megalote Aguas Vivas, un terreno transferido sin costo a la Alcaldía en 2019.
Durante la administración Quintero, se habrían adelantado gestiones para que el municipio pagara más de 40.000 millones de pesos a las empresas IDC, Técnicas Constructivas y al particular Juan Manuel Villegas, pese a que el lote ya era propiedad pública.
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Además, un decreto firmado en mayo de 2023 por Quintero y su exsecretario General, Fabio García, modificó las condiciones del predio, eliminando restricciones urbanísticas que incrementaron considerablemente su valor.
El proceso ha estado marcado por controversias. La audiencia de imputación, que se extendió por cerca de quince horas repartidas en tres sesiones, tuvo momentos de tensión entre el juez, la Fiscalía y los defensores.
El juez incluso reprendió a Quintero por lo que consideró como actitudes irrespetuosas y fuera de lugar. De acuerdo con el medio citado, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de varias implicadas, destacó por su estilo histriónico y enérgico.
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La defensa de Quintero
Daniel Quintero aseguró que su reciente imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación responde a un intento de las “mafias corruptas” para apartarlo de la carrera presidencial.
En un video publicado en sus redes sociales tras la diligencia judicial, Quintero expresó que la justicia en Colombia está siendo utilizada como herramienta para frenar su aspiración presidencial.
“Las mafias corruptas quieren sacarnos de la Presidencia porque saben que podemos ganar y vamos a ganar la Presidencia”, afirmó el exalcalde, quien además calificó el proceso judicial como una “vergüenza”.
Durante la audiencia, Quintero presentó pruebas que, según él, demuestran su inocencia y apuntan a irregularidades en la actuación de la Fiscalía.
Según consignó el medio, el exalcalde señaló que el contrato en cuestión fue firmado por Federico Gutiérrez, y aseguró que este hecho podría derivar en consecuencias legales para el exalcalde y excandidato presidencial.
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“El contrato que firmó Fico lo demostramos en la audiencia, y finalmente va a llevar a Fico a la cárcel”, declaró Quintero, quien también acusó a la fiscal del caso de no aceptar las pruebas que presentó en su defensa.
Según el exalcalde, la fiscal evitó responder si el contrato firmado por Gutiérrez era legal o ilegal, lo que, en su opinión, evidencia un sesgo en el proceso judicial.
En medio de las acusaciones, Quintero reafirmó su intención de transformar el sistema judicial y político del país en caso de llegar a la Presidencia.
El exalcalde ha propuesto medidas radicales, como el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, con el objetivo de “resetear” las instituciones colombianas.
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“En lugar de hacernos daño, nos ayudaron a demostrar que hay que resetear la justicia y la política, y lo vamos a hacer”, afirmó Quintero, quien considera que su caso es un ejemplo de las fallas estructurales en el sistema judicial del país.
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