En Bogotá, una familia de estrato 1 paga $1.075 por cada metro cúbico de agua, mientras que grandes empresas con concesiones de agua subterránea abonan en promedio apenas $28 por la misma cantidad. La alarmante diferencia fue denunciada por Quena Ribadeneira, concejala de Bogotá, durante un debate de control político en el cabildo distrital.
Según indicó la cabildante, la situación refleja una profunda desigualdad en la gestión del recurso hídrico en la capital, donde las empresas no solo disfrutan de tarifas irrisorias, sino que tampoco enfrentaron restricciones durante el reciente racionamiento de agua, que concluyó el sábado 12 de abril.
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Ribadeneira resaltó que a diciembre de 2024 existían 64 concesiones de agua subterránea distribuidas en 12 localidades de Bogotá, de las cuales 31 estaban destinadas a uso industrial. Entre las empresas beneficiadas por estas concesiones se encuentran Bavaria, Gaseosas Lux y Manufacturas Eliot, esta última perteneciente al Grupo Pash, que controla marcas como Patprimo y Seven Seven.
La concejala destacó que, mientras las familias bogotanas lograron reducir su consumo en 46,5 millones de metros cúbicos durante el racionamiento, estas empresas incrementaron su consumo en un 9% en el mismo periodo.
Ribadeneira también señaló que estas compañías han tenido un papel activo en la financiación de campañas políticas. Según detalló, aportaron cerca de $4.400 millones a campañas como la de la alcaldía de Carlos Fernando Galán y a partidos políticos como el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Alianza Verde y el Centro Democrático, algunos de los cuales mantienen alianzas con la actual administración distrital. La concejala cuestionó la falta de voluntad política para revisar las condiciones de estas concesiones y advirtió que la gestión del agua en Bogotá parece priorizar intereses económicos sobre el derecho colectivo al recurso.
Pérdidas de agua y desigualdad en el acceso
En el mismo debate, la concejala Rocío Dussán puso sobre la mesa otro aspecto crítico de la crisis hídrica en Bogotá: la pérdida del 37% del agua en la red de distribución. De acuerdo con Dussán, la cifra evidencia un problema estructural que no ha sido abordado de manera efectiva, y calificó el reciente racionamiento como un “pañito de agua tibia” que no resolvió las causas profundas de la crisis.
Antes del racionamiento, el consumo de agua en Bogotá alcanzaba los 17,72 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el objetivo era reducirlo a 15 m³/s. Sin embargo, las medidas implementadas no lograron cumplir esta meta ni fomentar una cultura de ahorro sostenible.
Además, y según cifras de la Secretaría Distrital de Ambiente, que compartió la cabildante; cerca de 34.000 personas en la ciudad aún carecen de acceso continuo al agua potable. Barrios como La Flora en Usme Diana Turbay, Tintal Sur en Kennedy, Verbenal en Usaquén, Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar y Bosa Occidental son algunos de los más afectados, lo que refleja una grave desigualdad en la garantía de este derecho fundamental.
Ante ese panorama, Dussán planteó una serie de medidas para enfrentar la crisis hídrica en Bogotá. Entre sus propuestas se encuentran la realización de auditorías hídricas para identificar y controlar conexiones ilegales, mejorar el sistema de captación y suministro, y regular la venta de agua en bloque. También sugirió implementar campañas educativas dirigidas a colegios y comunidades para promover el cuidado del agua, así como adoptar tecnologías de conservación, como la reutilización de agua doméstica e industrial.
Por su parte, Ribadeneira hizo un llamado a la administración distrital para explorar nuevas fuentes de abastecimiento y revisar las condiciones bajo las cuales se otorgan las concesiones de agua subterránea. La concejala subrayó que, en el contexto de la emergencia climática, es relevante garantizar una gestión del agua que priorice la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
Durante el control político, ambas cabildantes señalaron que la ciudad está enfrentado desafíos significativos que van desde la desigualdad en el acceso y los costos hasta la pérdida masiva del recurso en la red de distribución. Tanto Ribadeneira como Dussán señalan que la falta de control y de voluntad política para abordar los problemas no solo perpetúa las injusticias sociales, también compromete la sostenibilidad del recurso más vital para la ciudad.
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