Procuraduría criticó a Armando Benedetti por declaraciones contra personero de Ocaña: “Es hora de la sensatez”

La polémica entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el personero municipal de Ocaña (Norte de Santander), Jorge Bohórquez, ha generado varias reacciones en el país.

Este fue el caso de la Procuraduría General de la Nación, tras enviar un fuerte pronunciamiento en contra del jefe de cartera, que respondió a los cuestionamientos del funcionario local sobre las medidas que ha implementado el Gobierno nacional en la crisis del Catatumbo, que ha dejado más de sesenta mil desplazados y más de cien víctimas.

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A través de la red social X, el Ministerio Público expresó que las declaraciones del ministro Benedetti no se alinean con la misión institucional de la cartera.

“La declaración de MinInterior sobre la labor de Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, no corresponde con la misión institucional del Ministerio Público. Si existieren pruebas contra este u otro funcionario, lo indicado es ponerlas en conocimiento de las autoridades”, señaló el organismo en la red social.

Del mismo modo, la Procuraduría instó al alto funcionario para buscar mecanismos de diálogo, con la intención de zanjar las diferencias, y no recurrir a apelativos que vulneran la labor del personero local.

“No es de buen recibo para la Procuraduría que se hagan pronunciamientos que puedan desacreditar la labor de personas o funcionarios; menos en escenarios violentos como El Catatumbo. Es hora de la sensatez y de buscar soluciones mediante el diálogo que procure construcción de consensos”, recalcó.

Así mismo, reiteraron que “el Ministerio Público constituido por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías, cumple la misión constitucional de defensa de la sociedad, los DD. HH, la prevención de la función pública y la sanción de conductas que se apartan de la moralidad y el buen servicio”.

Controversia entre Benedetti y personero de Ocaña

La polémica confrontación entre el ministro del Interior y el funcionario local comenzó el pasado lunes 14 de abril de 2025, luego de que el personero Jorge Bohórquez realizara unas publicaciones en sus redes sociales sobre posibles afectaciones a la población civil durante operativos militares en el Catatumbo, específicamente en la vereda El Pino, ubicada en el municipio de Ocaña (Norte de Santander).

“Los disparos de artillería están cayendo muy cerca de trabajadores; espero se verifique bien sitio de presencia de actores armados, población civil en medio de enfrentamientos”, fueron algunas de sus declaraciones en la cuenta de X.

Frente a ello, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó las declaraciones del funcionario local como ‘injustas’ y explicó que, en su criterio, este tipo de comentarios afectan las labores de las Fuerzas Militares en el territorio nortesantandereano.

“Señor personero de Ocaña, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, cuestionó Benedetti en X.

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción, no solo por el tono empleado, sino también por la implicación de que el personero podría estar vinculado a actividades insurgentes, lo que ha sido interpretado como un ataque directo a su labor como defensor de los derechos humanos y representante de la comunidad.

Respuesta de la Defensoría del Pueblo

Además de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo también expresó su rechazo ante la respuesta del ministro Armando Benedetti al personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, al considerar que sus comentarios son “incompatibles” con las funciones que ejerce un personero municipal.

“Cuestionar desde el terreno las medidas del Gobierno hace parte legítima de su labor y convertir esa crítica en motivo de sospecha compromete tanto su seguridad como la autonomía del Ministerio Público”, señaló la entidad en un comunicado.

La entidad también hizo hincapié en la necesidad de tener un manejo responsable del discurso público por parte de los altos funcionarios, particularmente en regiones como el Catatumbo.

“En contextos como el Catatumbo, donde las condiciones de seguridad son frágiles, cada palabra pronunciada desde el alto Gobierno tiene un impacto real sobre la vida de quienes trabajan por la garantía de los derechos”, agregó la Defensoría.