El exdirector de la sucursal del Banco Agrario en el municipio de Colombia, Huila, Ildefonso Atahualpa Polanco, fue condenado a 96 meses de prisión tras comprobarse que solicitó dinero a mujeres cabeza de familia como condición para gestionar un crédito colectivo.
Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, además de la pena de cárcel, se le impuso una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se le inhabilitó por 80 meses para ejercer cargos públicos.
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De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2007, cuando Polanco, en su calidad de director de la sucursal, abordó a dos representantes de un grupo de 38 mujeres pertenecientes a la comunidad religiosa “Nazarenos de Dios Bien Amado”.
Según consignó la Corte, el funcionario solicitó a cada una de las voceras un pago de $500.000 para facilitar la aprobación de un crédito colectivo por un monto total de $9.500.000.
El caso fue inicialmente conocido por la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Polanco por el delito de concusión. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva absolvió al acusado al considerar que las pruebas presentadas no acreditaban con suficiente contundencia la exigencia del soborno.
Según el juez, las víctimas no habrían experimentado temor ante las solicitudes del funcionario, lo que llevó a desestimar la acusación en ese momento.
Sin embargo, la Fiscalía y el apoderado de las víctimas apelaron esta decisión, llevando el caso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva.
Esta instancia revocó la sentencia absolutoria y condenó a Polanco a ocho años de prisión, además de imponerle una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También se le negó el acceso a beneficios sustitutivos de la pena, ordenándose su captura para cumplir la condena en un centro carcelario.
El testimonio de las dos mujeres afectadas, Amparo Reyes Prieto y Clara Inés Sierra Roa, fue fundamental para el caso. Según declararon, Polanco las abordó fuera de las instalaciones del banco y les ofreció su ayuda para gestionar los créditos a cambio de un pago indebido. Este soborno, según las denunciantes, era de $500.000 por cada una de las interesadas.
Otro testimonio relevante fue el de Jesús Alfonso Rodríguez Romero, jefe de la Oficina de Control Interno del Banco Agrario, que lideró la investigación disciplinaria contra Polanco.
Rodríguez Romero señaló que el exdirector no tramitó las solicitudes de crédito ni asesoró a las peticionarias para cumplir con los requisitos necesarios, como represalia por no acceder a sus exigencias económicas.
La defensa de Polanco argumentó que las acusaciones en su contra eran parte de una estrategia de difamación. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esta postura, señalando que carecía de sustento probatorio.
Según el alto tribunal, el acusado abusó de su posición como servidor público al solicitar dinero indebido, lo que constituye una violación al bien jurídico de la administración pública.
En su fallo, la Corte Suprema concluyó que Polanco actuó de manera contraria a los principios de lealtad, probidad y transparencia que exige el ejercicio de un cargo público. Por ello, ratificó la condena impuesta por el Tribunal Superior de Neiva, confirmando que el exdirector deberá cumplir la pena de prisión en un establecimiento carcelario.
El caso puso en evidencia cómo el abuso de poder puede afectar a sectores vulnerables de la población. Las mujeres involucradas, madres cabeza de familia pertenecientes a una comunidad religiosa, buscaban acceder a un crédito ganadero para mejorar sus condiciones de vida.
La decisión judicial resalta la importancia de garantizar la transparencia y la ética en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en instituciones financieras que manejan recursos destinados a apoyar a comunidades en situación de vulnerabilidad.
El caso de Polanco no solo refleja un acto de corrupción individual, sino también un desafío para las instituciones encargadas de velar por la integridad en la administración pública.
La condena busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de abusar del poder para obtener beneficios personales, especialmente cuando se trata de recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Con esta decisión, la Corte Suprema reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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