
Después de que se anunciara que no se ampliaría el cese al fuego bilateral entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia contra los bloques específicos del Estado Mayor Central de las Farc (Embf), el presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión de la ofensiva militar contra estos grupos ilegales.
La medida, que fue anunciada por el mandatario nacional en su cuenta de X, busca facilitar las negociaciones con las estructuras disidentes que han mostrado disposición al diálogo, entre ellas, las estructuras lideradas por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.
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Según el decreto 0448 de 2025, expedido por la Presidencia de la República, la medida busca garantizar las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para que estos grupos se trasladen a zonas de ubicación previamente definidas como parte del proceso de diálogo.
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Sin embargo, el anuncio de esta nueva normativa ha generado bastantes reacciones en varios sectores políticos del país. Unos expresaron su respaldo hacia el decreto presidencial, mientras que otros manifestaron su inconformidad, al considerar que se están limitando las funciones de la fuerza pública en el país.
Uno de ellos fue el excontralor general Carlos Felipe Córdoba que, por medio de sus redes sociales, lanzó fuertes críticas a la directiva ordenada por el Jefe de Estado, al considerar que los grupos armados beneficiados por el decreto han estado implicados en varias actividades delictivas durante el periodo del cese al fuego, que culminó el 15 de abril del año en curso.
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“Ojo, Colombia, el presidente firmó un decreto en el que decide que no se va a atacar a las disidencias de las Farc. Sí, señores, a esos mismos que están asesinando campesinos, reclutando menores, extorsionando, desplazando comunidades, ahora el Gobierno decide dejarlos quietos”, expresó el exfuncionario en sus redes sociales.
Adicionalmente, Córdoba planteó interrogantes sobre el impacto de esta medida en la autoridad del Estado y en la seguridad de los ciudadanos. “¿Dónde queda entonces el Estado? ¿Dónde queda la autoridad y la gente que sí cumple la ley y los soldados y policías que han dado la vida y las familias que han perdido todo?”, expresó.
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De igual manera, el excontralor aseguró que, con este decreto, se está enviando un mal mensaje a la sociedad colombiana frente al actuar de la fuerza pública. “A mí me da mucha pena, pero esto no es paz. Esto definitivamente es cobardía. Esto es abandono del deber, porque el que no pone orden termina generando es caos y hoy el Gobierno está generando caos”, sostuvo.
A su vez, indicó que “la paz no se decreta entregando el país. La paz se construye con justicia, con autoridad, con respeto por las víctimas”.
Finalmente, Carlos Felipe Córdoba envió un mensaje al Gobierno Petro para que se reconsidere el decreto, recordando que durante la Semana Santa, se presentaron varios ataques con explosivos en diferentes partes del territorio colombiano.
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“Sinceramente me cuesta entender la permisividad y complacencia del gobierno con los criminales mientras estos asesinan a diario a la POBLACIÓN CIVIL. La Paz no se logra dejando de perseguir criminales, se logra combatiéndolos hasta que se rindan. Si quieren dialogar perfecto, pero nunca a costo de arrodillar a las FUERZAS legítimas del ESTADO”, concluyó.

Esto dice el decreto presidencial
El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro establece un cese de las operaciones ofensivas contra las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf), un grupo que se separó del acuerdo de paz firmado en 2016 y que ha continuado con actividades armadas, según denunciaron varios líderes políticos del país.
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Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esta medida se anuncia, en medio de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en un proceso de paz con el grupo, que ha sido señalado por múltiples violaciones a los derechos humanos y actividades ilegales.
De acuerdo con el jefe de cartera, no implica un cese total de las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sino que se limita a las acciones ofensivas y especiales contra los frentes identificados como dispuestos al diálogo, lo que busca garantizar la seguridad de los civiles en las zonas afectadas por el conflicto, al tiempo que se crean las condiciones necesarias para avanzar en las conversaciones de paz.
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Además de la suspensión de acciones militares, el decreto incluye un enfoque en la transformación territorial. Regiones como el Catatumbo y el Caquetá, afectadas históricamente por el conflicto armado, serán priorizadas para el desarrollo de proyectos productivos agroalimentarios, de conservación ambiental y de sustitución de economías ilícitas. En principio, el decreto estará vigente hasta la medianoche del 18 de mayo de 2025.
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