Cuestionamientos por videos grabados desde prisión por Andrés Ricci, condenado por el feminicidio de Luz Mery Tristán

La reciente aparición en redes sociales de una serie de videos protagonizados por Andrés Gustavo Ricci, condenado a 45 años y nueve meses de prisión por el feminicidio agravado de la ex campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ha suscitado controversia y una oleada de cuestionamientos en la opinión pública, especialmente por tratarse de grabaciones presuntamente realizadas desde el interior de una prisión del Estado colombiano, lo cual está expresamente prohibido por el régimen carcelario nacional.

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Las grabaciones comenzaron a circular en plataformas digitales como Instagram, TikTok y YouTube a partir del 17 de abril, y son difundidas bajo el nombre de una iniciativa personal de Ricci titulada Una verdad por contar. En ellas, el condenado se dirige directamente a la cámara desde lo que parece ser una zona común del complejo penitenciario de Picaleña, en Ibagué (Tolima), y expone su versión de los hechos en torno al crimen que lo llevó a prisión, además de emitir comentarios sobre su imagen pública, los medios de comunicación y el proceso judicial en su contra.

A lo largo de los videos, Ricci se identifica como la pareja de Luz Mery Tristán y admite ser el responsable de su muerte, aunque insiste en calificar el hecho como un “desafortunado accidente” y un acto de “irresponsabilidad”. El feminicidio ocurrió el 4 de agosto de 2023, en la residencia que ambos compartían en el sector de El Mameyal, al oeste de Cali, donde Tristán fue asesinada con arma de fuego. Desde el primer momento, el caso generó un fuerte repudio a nivel nacional, tanto por la violencia del crimen como por el perfil de la víctima: una figura emblemática del deporte colombiano.

Durante el proceso penal, que se extendió por más de un año, la familia de la víctima sostuvo de manera contundente que el asesinato fue premeditado. Así lo argumentó también el abogado que representó a los familiares de Tristán durante el juicio, quien señaló que nunca hubo muestras genuinas de arrepentimiento por parte del acusado. La sentencia, dictada en 2025, fue recibida como un acto de justicia por parte del entorno de la expatinadora, que durante todo el proceso pidió una condena ejemplar.

Sin embargo, tras conocerse el fallo judicial, la aparición de Ricci en medios digitales ha reabierto el debate sobre las condiciones de reclusión en Colombia. En los videos, el condenado menciona que ha sido objeto de señalamientos públicos y niega tener poder económico, vínculos con la política o una vida de excesos, como, según él, han descrito distintos sectores en los últimos años. Incluso muestra titulares de prensa relacionados con su caso y su condena, en un intento por desacreditar lo que define como una versión sesgada de su historia.

La difusión de este material ha encendido las alarmas sobre el control que ejercen las autoridades penitenciarias en los establecimientos carcelarios del país. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tienen como norma la prohibición estricta del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos con acceso a internet por parte de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, el caso de Ricci pone en evidencia que estos controles pueden estar siendo vulnerados o que existe permisividad interna.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo Ricci accedió a los dispositivos tecnológicos necesarios para grabar, editar y publicar el contenido en distintas redes sociales. Tampoco se ha informado si hay una investigación interna en curso o si se han tomado medidas contra funcionarios o internos implicados en esta posible irregularidad.

Los videos no solo han generado críticas en la sociedad civil por el uso indebido de plataformas digitales desde la cárcel, sino también por la narrativa que plantea el condenado, que muchos consideran una forma de revictimización y de intento por reescribir los hechos. Desde el entorno de la familia de Luz Mery Tristán se mantiene la postura de que el crimen fue planificado y que el único relato válido es el que se probó judicialmente en el proceso penal.

El caso continúa generando repercusiones mediáticas y sociales. La figura de Tristán, que en vida fue símbolo de disciplina, superación y orgullo nacional, se ha convertido en un emblema de la lucha contra la violencia de género. Su asesinato representó un punto de inflexión en el debate sobre el feminicidio en Colombia, y su memoria ha sido reivindicada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y por sectores del deporte nacional.

Ahora, el foco está puesto en las responsabilidades institucionales que podrían derivarse de la difusión de los videos, y en la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control al interior de los centros penitenciarios del país.

Una de las personas que se pronunció en rechazo a la difusión de contenidos de Ricci fue Clara Luz Roldán, exgobernadora del Valle del Cauca: “Cuán cínico tiene que ser alguien para buscar lavarse la cara ante la gente, buscando guardar un nombre o un estatus, grabándose y diciendo que anhela abrazar a los hijos de su víctima y decirles que lo que hizo no fue a propósito, cuando las pruebas son irrefutables, con las que fue condenado por FEMINICIDIO AGRAVADO por 45 años y 9 meses de prisión”.