
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible declaración de una emergencia económica en respuesta al aumento de casos de fiebre amarilla en Colombia provocó reacciones críticas desde diversos sectores del Congreso. Una de las voces más contundentes fue la del senador Carlos Fernando Motoa, integrante del partido Cambio Radical, que señaló que el mandatario perdió legitimidad en materia de salud pública debido a las decisiones adoptadas por su administración durante el último año.
Motoa expresó su preocupación frente al manejo que el Ejecutivo ha dado al sistema de salud, y aseguró que las dificultades actuales son consecuencia directa de lo que calificó como un debilitamiento institucional promovido por el propio Gobierno nacional. En sus declaraciones para la revista Semana, el senador fue enfático al afirmar: “Ha sido el presidente Petro incoherente y ha perdido total credibilidad en los temas de salud. Fue este el Gobierno que destrozó los avances del sistema sanitario; lo hemos denunciado, hemos nombrado las causas y hoy nos sorprende con un llamado a una emergencia económica por una posible crisis sanitaria causada por fiebre amarilla”.
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La crítica del congresista surge luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, en la noche del martes 15 de abril, su intención de declarar una emergencia económica. Esta medida complementaría la emergencia sanitaria ya decretada debido al repunte de casos de fiebre amarilla, principalmente en zonas rurales y apartadas del país. Esta enfermedad viral, transmitida por mosquitos, es prevenible mediante esquemas de vacunación que han estado disponibles en el país por décadas, pero cuya cobertura ha presentado rezagos en los últimos años, especialmente en áreas con limitaciones de acceso a los servicios de salud.

En este contexto, el mandatario señaló que “la inexistencia de prevención es nuestra principal debilidad. Por eso, era nuestra principal prioridad en la reforma a la salud no aprobada”. Esta afirmación hace referencia a la fallida reforma al sistema de salud propuesta por su administración, la cual aún se encuentra en trámite en el Senado, a la espera de un tercer debate legislativo. Petro argumentó que esta iniciativa buscaba precisamente fortalecer la atención primaria y los mecanismos de prevención, elementos clave para enfrentar brotes epidémicos como el actual.
No obstante, para el senador Motoa, este tipo de explicaciones no justifica el uso de instrumentos excepcionales como la declaratoria de una emergencia económica. A su juicio, existen alternativas más viables dentro del marco ordinario de las instituciones, que permitirían dar respuesta inmediata y coordinada a la situación sanitaria sin acudir a medidas que, según él, podrían abrir la puerta a decisiones improvisadas o discrecionales.

En sus declaraciones para el medio citado, Motoa añadió: “Si el Gobierno nacional quiere ayudar a los tolimenses y, en general, a los colombianos a combatir estos brotes, lo que debe es aunar esfuerzos con gobiernos regionales y locales para fumigar espacios públicos, agilizar la inmunización de la población más expuesta, y fortalecer las capacidades del maltrecho sistema de salud para tratar a los afectados”. De esta manera, el congresista plantea una hoja de ruta centrada en la articulación territorial, las intervenciones de salud pública inmediatas y el refuerzo a la infraestructura hospitalaria.
El departamento del Tolima que es señalado como una de las zonas más afectadas por la reaparición del virus, con varios casos graves reportados por las autoridades sanitarias. Allí, el temor a una propagación más amplia ha incrementado la presión sobre el Gobierno nacional, al mismo tiempo que crecen las expectativas sobre una intervención estatal más efectiva.

En medio de este debate, la ciudadanía permanece atenta a las acciones concretas que se adopten frente al brote de fiebre amarilla, por el momento, las autoridades locales intencificaron sus llamados a la vacunación, en especial en municipios de alta vulnerabilidad, al tiempo que se implementan campañas de fumigación y se refuerzan las medidas de vigilancia epidemiológica; sin embargo, la posibilidad de una emergencia económica continúa generando incertidumbre y división en el escenario político nacional.
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