La defensa del congresista Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que le permita enfrentar en libertad la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Calle es señalado de haber recibido 1.000 millones de pesos como soborno para favorecer las reformas del Gobierno en el Congreso, pero sus abogados insisten en que no existen razones para imponerle una medida de aseguramiento, ya que ha colaborado plenamente con la justicia.
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A través de un documento enviado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el abogado Billie Torres —que representa al congresista— aseguró que Calle ha mantenido una actitud de colaboración permanente con la justicia desde el inicio de la indagación.
“La conducta del Dr. Calle Aguas, desde un primer momento y hasta la fecha, lejos de mostrarse ajeno o incluso pasivo ante este escenario mediático y judicial, ha sido precisamente todo lo contrario. Desde el principio demostró su interés con el fin de ejercer su defensa, pero, además, el de acudir ante cualquier llamado de la justicia en cabeza de esta Corporación”, señaló el jurista.
Torres argumentó que no existen elementos que justifiquen una medida privativa de la libertad, dado que no ha habido interferencia en la recolección de pruebas, ni riesgo para las víctimas ni para el curso normal de la investigación.
“El recaudo probatorio, la realización de diligencias, las víctimas y la sociedad no han estado afectadas. Luego de casi un año de haber iniciado la indagación previa, no resultaría necesario ni proporcional imponer una medida de aseguramiento en contra de Andrés David Calle Aguas”, se lee en la solicitud.
El abogado también alegó que no se configura el delito de cohecho impropio, pues a su juicio, no hubo ningún acto congresional que pueda probar que las decisiones de Calle fueron influenciadas por una dádiva. Además, aseguró que los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “no tienen claro” para qué era el dinero que supuestamente sería entregado al entonces presidente de la Cámara.
Una red de corrupción que salpica al Congreso
El caso en el que está implicado Calle es uno de los más delicados del actual Gobierno. Según los testimonios de López y Pinilla —exdirector y ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, respectivamente— el representante habría recibido dinero a cambio de su respaldo a las reformas del Ejecutivo. La transacción se habría efectuado en octubre de 2023, en el apartamento del congresista en Montería.
El método de entrega del dinero ilustra el nivel de sofisticación de la red criminal: para evitar sospechas, los implicados habrían usado criptomonedas para trasladar los fondos desde Bogotá a Montería. “La plata la llevaron mediante criptomonedas de un sector al otro. Entregué aquí 1.000 millones de pesos y me entregaron 1.000 millones de pesos en Montería (...) porque 1.000 millones de pesos no se pueden llevar en el avión hacia Montería, entonces había que buscar una forma de colocarlos en Montería. ¿Y cuál era la mejor forma? A través de criptomonedas”, declaró Pinilla.
El dinero, según el expediente, no solo habría tenido como fin el favorecimiento de las reformas, sino también la financiación de campañas políticas de familiares de Calle en el departamento de Córdoba.
Los cargos que enfrenta Andrés Calle
La Corte Suprema investiga a Calle por su presunta participación en los delitos de cohecho impropio como autor, peculado por apropiación en favor de terceros como interviniente, y financiación ilegal de campañas. Los tres delitos están relacionados con el desvío de recursos públicos de la Ungrd, entidad encargada de responder ante emergencias y desastres naturales, pero que habría sido instrumentalizada para favorecer intereses políticos.
A medida que se consolidan las pruebas y se emiten condenas contra otros implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, la presión sobre los señalados aumenta. Por eso, la defensa de Calle busca evitar una detención preventiva, apostando por su presunta disposición a colaborar y su trayectoria pública.
Sin embargo, las versiones de los exdirectivos de la Ungrd son contundentes y apuntan a una estructura organizada desde altos niveles del Gobierno. Incluso, Pinilla ha vinculado al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, como la persona que habría dado la orden de entregar el soborno.
Por ahora, la Corte Suprema deberá decidir si acepta la solicitud de la defensa o si, por el contrario, considera que hay méritos suficientes para imponer medida de aseguramiento.
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