Dos guerrilleros del ELN fueron dados de baja en Catatumbo, en combate con las Fuerzas Militares: dos más fueron capturados

En Norte de Santander (región del Catatumbo), los habitantes viven una crisis humanitaria generada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que atacara a la población civil en enero de 2025, bajo el argumento de que estaba buscando a disidentes de las Farc en diferentes municipios. La situación derivó en el asesinato de decenas de personas, secuestros y el desplazamiento forzado de por lo menos 60.000 personas, según datos de la Procuraduría General de la Nación.

En consecuencia, las autoridades reforzaron la seguridad en el territorio, en medio de una declaratoria de conmoción interior determinada por el Gobierno nacional. Desde entonces, el ELN, con el que la administración de Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz, ha sido el blanco principal del Ejército Nacional.

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El 12 de abril de 2025, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dio a conocer avances en las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en contra del grupo armado. Según indicó, dos integrantes de la organización criminal fueron dados de baja en una acción conjunta de las autoridades en Ocaña, Norte de Santander. Los criminales eran miembros del frente Camilo Torres Restrepo.

Además, otros dos delincuentes fueron capturados; uno de ellos resultó herido en el combate. Y, se logró la incautación de armas, granadas, munición, vehículos, celulares y documentación que estaban siendo utilizados por la estructura armada. “La ofensiva contra los grupos armados ilegales no se detiene. Seguiremos trabajando sin descanso por recuperar el territorio y proteger a las comunidades en esta importante región del país. ¡Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen!”, indicó el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Los ciudadanos que deseen hacer alguna denuncia ante las autoridades, contando con absoluta reserva, pueden ponerse en contacto a través de las siguientes líneas de atención:

• Línea contra el terrorismo: 323 273 4707
• Línea contra el crimen: 314 358 7212
• Línea 107: disponible 24/7

La crisis humanitaria en el Catatumbo causada por grupos armados

Human Rights Watch emitió un informe sobre la situación de orden público y la crisis humanitaria que enfrentan los ciudadanos en Norte de Santander. De acuerdo con la investigación, que integró las voces de más de 65 personas del departamento, entre víctimas, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales, tanto el ELN como el Frente 33 de las disidencias de las Farc han causado graves daños en las comunidades del Catatumbo.

Hay denuncias sobre desplazamientos forzados, asesinatos, violencia sexual, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, secuestros y desapariciones. No obstante, los señalamientos indican que buena parte de los crímenes han sido cometidos por el Ejército de Liberación Nacional. “Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, explicó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, citada por la organización.

En el informe fueron compilados varios testimonios de víctimas directas de las acciones del grupo armado, perpetradas el 16 de enero de 2025, cuando atacó varios municipios del departamento, recrudeciendo así la guerra interna. Una mujer, cuyo nombre no fue revelado, detalló cómo los guerrilleros asesinaron a su sobrino cerca de las 7:30 a. m. de ese día.

“Tocaron muy fuerte a la puerta. Él estaba dormido, alcanzó a ponerse unos jeans y una camiseta antes de que entraran y dispararan a su esposa en la pierna. Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa. Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6:00 p. m., cuando alguien [de la comunidad] lo cubrió con una sábana”, contó la víctima.

En consecuencia, Goebertus aseguró que es necesario que el Gobierno nacional implemente con urgencia una política de justicia y seguridad efectiva en la región, para garantizar la protección de la población y poder restablecer el orden.