En cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 31 de 1971 y la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial de Colombia anunció que se decretará vacancia judicial durante la Semana Santa de 2025.
La decisión busca otorgar un receso a los servidores judiciales y hace parte del calendario oficial. Durante ese periodo, se suspenderán temporalmente las actividades en la mayoría de los despachos judiciales, lo que interrumpirá de forma parcial la atención a la ciudadanía.
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Esta pausa colectiva regirá desde el sábado 12 hasta el domingo 20 de abril, y afectará a la mayoría de los juzgados, tribunales y altas cortes del país.
Sin embargo, se han previsto excepciones para garantizar la prestación de servicios esenciales. Los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad estarán habilitados para operar el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril, con el objetivo de atender asuntos urgentes relacionados con la libertad de las personas y la ejecución de decisiones judiciales.
De igual forma, los Juzgados Penales con Función de Control de Garantías, los Juzgados Promiscuos con la misma función y los Centros de Servicios Judiciales continuarán prestando servicio durante toda la Semana Santa. Estas entidades operarán bajo turnos previamente establecidos, a fin de garantizar la atención de capturas, audiencias urgentes y otras diligencias que no admiten aplazamientos.
El regreso pleno a las actividades judiciales está programado para el lunes 21 de abril de 2025, cuando se reanudará la atención al público en todos los despachos del país.
Medidas especiales para el Catatumbo
La Rama Judicial adoptó medidas extraordinarias para afrontar la crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, en Norte de Santander. A través de un acuerdo expedido por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, se aprobó la creación de juzgados transitorios en Ocaña y la asignación de ocho nuevos cargos en municipios fuertemente golpeados por el conflicto armado y la violencia.
Los municipios beneficiados con esta medida son Convención, El Carmen, El Tarra, Río de Oro, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario, donde los juzgados promiscuos municipales verán reforzada su capacidad operativa. Esta decisión responde a una reunión celebrada el 8 de febrero en Cúcuta, en la que jueces y magistrados del departamento expresaron su preocupación por la seguridad y pidieron garantías para continuar prestando el servicio judicial.
“En medio de este conflicto tremendo, jueces y juezas de la República continúan administrando justicia. No se ha detenido ni un solo día el servicio a los ciudadanos. Ha sido un esfuerzo enorme, apoyado en herramientas digitales”, manifestó Vallejo Jaramillo.
Como parte de las acciones para proteger la integridad de los funcionarios judiciales en zonas donde se ha decretado el estado de conmoción interior, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el trabajo en casa. Esta medida será aplicada de forma excepcional, ocasional y transitoria, y se apoyará en tecnologías de la información y la comunicación para mantener la continuidad en la prestación del servicio sin poner en riesgo la seguridad del personal.
Los despachos que adopten esta modalidad deberán informar de manera clara a la ciudadanía sobre su implementación, incluyendo la duración de la medida y los canales virtuales habilitados para la radicación de documentos, demandas y solicitudes judiciales.
Para reforzar estas acciones, el Consejo Superior de la Judicatura destinó un presupuesto aproximado de 600 millones de pesos, dirigido a fortalecer la infraestructura, vigilancia y dotación de los juzgados de la región. El objetivo es brindar condiciones mínimas de seguridad y operatividad en una de las zonas más complejas del país desde el punto de vista del orden público.
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