Una fuerte polémica se desató tras las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien afirmó que la patria potestad de los menores debía recaer en el Estado. Este pronunciamiento provocó una rápida respuesta de varios sectores, entre ellos la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, quien cuestionó con firmeza los alcances de esa afirmación.
Durante su intervención en el programa W Sin Carreta de la emisora colombiana W Radio, Plazas expresó su rechazo a la idea expuesta por el jefe de la cartera de Salud.
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"Es gravísimo lo que dijo, la patria potestad en Colombia es solo de los padres, según el Código Civil. La afirmación del ministro no solo es falsa sino peligrosamente autoritaria”, señaló.
Según Plazas, la declaración del ministro contradice el marco legal vigente en Colombia, donde el Código Civil establece que son los padres quienes ostentan la responsabilidad legal sobre sus hijos, incluyendo decisiones fundamentales sobre su crianza, educación y salud.
Para la exdirectora del ICBF, modificar ese principio implicaría un cambio profundo en el ordenamiento jurídico y en la estructura familiar reconocida por el Estado.
En su crítica, también planteó interrogantes sobre el verdadero trasfondo de la afirmación del ministro. “Esto es una ignorancia jurídica o una sinceridad autoritaria”, manifestó, sugiriendo que una postura de ese tipo podría tener implicaciones preocupantes en materia de libertades individuales.
Cristina Plazas extendió su cuestionamiento a la actual directora del ICBF, Astrid Cáceres, a quien le solicitó pronunciarse con claridad frente a la declaración del ministro. La exfuncionaria advirtió sobre el riesgo de que una posible reforma constitucional busque eliminar el rol de los padres como figuras principales en la formación de los menores.
“Sería grave que este Gobierno hiciera una reforma de la Constitución donde busquen que todos los niños sean del Estado y que las familias pierdan totalmente su autoridad sobre ellos, esto podría verse como un tema de adoctrinamiento”, afirmó.
Las palabras de Plazas se suman a un creciente debate público sobre los límites del poder estatal frente a la autonomía de las familias.
Diversos analistas jurídicos han recordado que, aunque el Estado cumple un rol de protección sobre la infancia, este no sustituye ni anula los derechos parentales consagrados en la legislación colombiana y en tratados internacionales ratificados por el país.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni el ICBF han emitido una aclaración oficial frente al contenido de las declaraciones de Jaramillo.
Sin embargo, el debate continúa creciendo en escenarios políticos, académicos y sociales, con voces que llaman a revisar el alcance de las funciones del Estado en materia de infancia, sin menoscabar la autoridad legítima que ejercen los padres.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos de familia han comenzado a expresar preocupación por el impacto que podrían tener ideas de este tipo en la institucionalidad familiar, pidiendo que se respete el marco legal vigente.
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