La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus redes sociales, confirmó una sanción disciplinaria contra un abogado que retuvo una indemnización de 1.500 millones de pesos destinados a la familia de Asmel Quiñones Rojas, víctima de un ‘falso positivo’ perpetrado por miembros del Ejército en 1994, en Santander, según comunicó la institución.
De acuerdo con lo que informó la Comisión, tras la muerte del ciudadano Asmel Quiñones Rojas, “diecisiete de cuyos parientes más cercanos acudieron a la justicia a fin de reclamar sus derechos por los daños causados producto de la muerte de su ser querido”.
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Agregó el comunicado que “en ese orden de ideas, en 1996 contrataron los servicios de un abogado, que promovió una acción de reparación directa ante el Ministerio de Defensa Nacional, la cual finalmente prosperó en febrero de 2017, cuando mediante resolución esa entidad reconoció el pago de más de 1.500 millones de pesos, los cuales fueron consignados al representante legal de los demandantes”.
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Sin embargo, la justicia determinó que el abogado dilató injustificadamente la entrega del dinero. Durante el proceso, cuatro de los beneficiarios fallecieron, lo que el jurista usó como justificación para frenar el pago, argumentando la necesidad de iniciar un proceso de sucesión para los herederos.
La sanción
Según el fallo de la Comisión de Disciplina, “lo cierto es que el jurista, a pesar de haber recibido los poderes para emprender esa causa y cumplir con los pagos, dejó el tema ahí y si bien adujo motivos de seguridad y salud como agravantes para no finalizar la sucesión ni firmar las escrituras correspondientes, la Jurisdicción Disciplinaria lo halló responsable de violar los deberes contenidos en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la misma norma”.
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Ante esto, la Comisión sancionó al abogado con seis meses de suspensión y una multa equivalente a veinte salarios mínimos. La decisión fue tomada con ponencia de la magistrada Diana Vélez y contó con el salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, además de aclaraciones de los magistrados Magda Victoria Acosta Walteros y Julio Andrés Sampedro Arrubla.
En segunda instancia, la justicia enfatizó que el abogado tenía la obligación de buscar mecanismos legales alternativos para garantizar que el dinero llegara a los beneficiarios, en lugar de prolongar el proceso con el argumento de la sucesión.
La sanción busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los abogados en la administración de recursos destinados a la reparación de víctimas.
JEP imputa a 28 exmilitares por 604 casos de falsos positivos en la Costa Caribe
En un nuevo avance en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 604 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas entre 2002 y 2008 en la región de la Costa Caribe.
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Según informó El Espectador, esta decisión representa el mayor número de víctimas documentadas en un solo auto desde la creación de la JEP, consolidándose como un hito en la investigación de estos crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con los hallazgos de la JEP, las víctimas de estos crímenes fueron presentadas falsamente como bajas en combate durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Entre los afectados se encuentran 26 menores de edad y 31 indígenas pertenecientes a los pueblos Wayuú, Wiwa y Kankuamo, además de 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 122 personas que aún no han sido identificadas. Según consignó el medio, los menores fueron engañados por reclutadores que se aprovecharon de su vulnerabilidad y su falta de experiencia para llevarlos a la muerte.
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