La Refinería de Cartagena (Reficar) es un gran complejo industrial y de refinación, vital para la industria, la economía de la ciudad, de la región Caribe y del país, la seguridad energética de Colombia y la producción de combustibles limpios. También se consolidó como protagonista de primer orden para la transición energética. No obstante, detrás de esta hay un escándalo por los sobrecostos en la modernización de la misma, que parecía haber llegado a su fin en diciembre de 2024, volvió a ocupar el centro de atención con la presentación de una nueva demanda internacional contra Colombia.
Ahora, las empresas Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, que ya habían perdido un arbitraje previo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (Ciadi), radicaron un segundo proceso arbitral con características idénticas al anterior.
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El caso, que inicialmente fue desestimado por el Ciadi al considerar que la demanda había sido presentada de manera prematura, se basa en el supuesto incumplimiento de Colombia del Acuerdo de Promoción Comercial incluido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia.
Las empresas demandantes, que estuvieron implicadas en el proceso de responsabilidad fiscal liderado por la Contraloría General de la República, buscan de nuevo que se reconozcan sus pretensiones dentro de este tratado internacional, según informó Cambio.
Desfalco de grandes proporciones
El conflicto en torno a Reficar se remonta a los años en que se ejecutó el proyecto de modernización de la refinería, uno de los más ambiciosos en la historia reciente de Colombia. Las demoras y los sobrecostos registrados durante la construcción destaparon un escándalo que fue calificado por muchos como un desfalco de grandes proporciones.
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Este caso involucró a las empresas contratistas y también a funcionarios de Ecopetrol, que habrían tenido algún grado de responsabilidad en las irregularidades detectadas
La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal para determinar el alcance de los daños y las responsabilidades de las partes implicadas. Así las cosas, las empresas contratistas, entre ellas Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, se vieron señaladas de manera directa, lo que las llevó a recurrir al arbitraje internacional como mecanismo para defender sus intereses.
El fallo inicial del Ciadi y la nueva demanda
En diciembre de 2024, el Ciadi rechazó la primera demanda presentada por las empresas contra Colombia. En ese momento, tribunal internacional consideró que las pretensiones de los demandantes eran prematuras, lo que llevó a la desestimación del caso. Sin embargo, la decisión no cerró de manera definitiva el capítulo, ya que las empresas decidieron insistir en los reclamos mediante un nuevo arbitraje.
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El medio informó que la nueva demanda, presentada recientemente, es prácticamente idéntica a la anterior, incluso con el mismo bufete de abogados representando a las compañías. El hecho reabre el debate sobre los costos y las consecuencias legales de uno de los proyectos más controvertidos en la historia reciente del país.
Implicaciones para Colombia
La reactivación de este proceso arbitral tiene implicaciones importantes para Colombia, tanto en términos económicos como reputacionales. Ahora, el país deberá enfrentar de nuevo un litigio internacional que podría prolongarse durante meses o incluso años, con los costos asociados que ello implica.
Además, el caso pone de nuevo en el foco internacional las irregularidades en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura en el país.
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El diseño de este nuevo arbitraje será importante para determinar si Colombia deberá asumir alguna responsabilidad en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos, así como también para establecer un precedente en la forma en que se manejan los conflictos derivados de proyectos de esta magnitud.
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