Colombia necesita una discusión basada en evidencia, no en juicios infundados que ponen en entredicho a un sector que a través de la historia demostró compromiso, responsabilidad y capacidad de respuesta. La afirmación es del Consejo Gremial Nacional (CGN), que se pronunció ante la incertidumbre que hay en el país por las tarifas de energía, pero exactamente por las explicaciones que dio el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 7 de abril de 2025, en el que el asunto principal fue la energía.
En este, entre otras cosas, el mandatario afirmó que “se está robando el dinero un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica”. En sus palabras, esta situación representa “un absurdo y una especie de feudalismo, uno de los grandes hechos de corrupción”. Asimismo, durante la sesión, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, criticó que el sistema energético del país tenga 30 años, por lo que es necesario modificarlo.
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Por medio de un comunicado, el denominado “gremio de gremios”, que preside Camilo Sánchez y reúne a 32 gremios, recordó que las tarifas de energía se determinan conforme a la ley y a la regulación vigente, y cualquier intervención arbitraria compromete la seguridad jurídica, la inversión en nuevos proyectos, en especial, aquellos de energías renovables y que finalmente terminaría perjudicando a los usuarios.
“Los precios en bolsa reflejan la realidad del mercado: responden a la oferta y la demanda, y su impacto en la tarifa final es limitado. El verdadero problema no es el modelo, sino la falta de nueva oferta energética. Propuestas como restringir la participación de generadoras renovables afectan la eficiencia del sistema, elevan los costos y atentan contra los principios de libre empresa”, manifestó.
No es necesario politizar
Al mismo tiempo, pidió defender con firmeza la necesidad de preservar la independencia técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para este, politizar las decisiones regulatorias pone en riesgo la confianza del sector, aleja la inversión y obstaculiza la expansión de la capacidad energética que el país requiere para garantizar el suministro.
De igual forma, puntualizó que le preocupa la delicada situación financiera de las empresas del sector, que a pesar de la deuda acumulada por el Estado -superior a los $7 billones- mantienen la prestación del servicio sin interrupciones. Esto, según lo manifestado, no puede sostenerse de manera indefinida. Entonces, el pago oportuno de los compromisos del Gobierno es indispensable para evitar afectaciones más graves.
“Desde el Consejo Gremial Nacional reiteramos el papel estratégico del gas natural en la confiabilidad del sistema energético nacional. Su valor es fundamental ante la variabilidad de otras fuentes, y su cadena de valor debe ser protegida e incentivada.”, anotó.
El mismo insistió en que las medidas de intervención antitécnicas, sumadas a los mensajes contradictorios del Gobierno, generan un alto nivel de incertidumbre que compromete inversiones por más de $13 billones, necesarias para ampliar el parque de generación y atender la creciente demanda energética del país.
“Colombia necesita confianza, seriedad y visión técnica para avanzar”, remarcó el CGN.
Estabilidad del sector eléctrico
Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del Comité lntergremial conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas , SER Colombia y Acp, en un comunicado conjunto, rechazaron los señalamientos provenientes del Gobierno nacional en contra de las empresas del sector.
Por eso, hicieron un llamado respetuoso a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo de manera estructural las necesidades de todos los usuarios del país. Para estos, es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema.
“La estabilidad del sector eléctrico colombiano se sustenta en un modelo institucional técnico y robusto con total apego a la Constitución”, puntualizaron, Y recordaron que este “ha garantizado, por más de 30 años, que millones de colombianos puedan acceder a servicios públicos que, como es el caso de la energía eléctrica, cuyo suministro ha sido permanente y con mejor calidad en las últimas décadas”.
Ante esto, lamentaron que afirmaciones imprecisas generen desconfianza y busquen afectar a las empresas del sector y a los más de 15 millones de hogares colombianos, comercios e industrias que dependen de este servicio esencial.
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