La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, respondió al presidente Abelardo de la Espriella luego de recibir más de 80 denuncias de presunta corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

La funcionaria aseguró que la información entregada “será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen”.

La fiscal general explicó que, bajo su directriz, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas se analizará institucionalmente y se someterá a revisión técnica y jurídica.

Destacó que serán los fiscales competentes quienes tendrán la responsabilidad de examinar los elementos presentados y contrastarlos con las pruebas que deban recaudarse por vía legal.

Camargo precisó que el proceso permitirá determinar, dentro de los parámetros constitucionales y legales, si existen fundamentos para iniciar actuaciones o tomar decisiones. Recalcó que la Fiscalía está obligada a actuar bajo los principios de objetividad, rigor probatorio e independencia, de acuerdo con la normativa vigente.

“En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis y, cuando corresponda, para la adopción de las decisiones previstas por la ley”, declaró Camargo. “Su contenido, señor presidente, será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen en nuestras actuaciones”, afirmó.

La fiscal anunció que la entidad conformará un equipo especial para tramitar las denuncias recibidas. Detalló que este grupo estará integrado por personal especializado y coordinado desde la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y la Dirección Especializada contra la Corrupción. El propósito es garantizar que la atención a los casos sea integral y abarque los diferentes sectores y regiones implicados en las denuncias.

“Este equipo estará dirigido por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, quienes son las funcionarias responsables del tema. Además, como se realiza habitualmente en la Fiscalía, estas investigaciones tendrán un enfoque transversal, pues involucran asuntos de diferentes regiones y presentan diversos matices que abarcan distintos sectores”, puntualizó

La fiscal general puntualizó que la coordinación y supervisión de las investigaciones quedarán en manos de las dos funcionarias designadas. Indicó la importancia de desplegar todas las capacidades institucionales de la Fiscalía para lograr un análisis exhaustivo de la información.

El presidente Abelardo de la Espriella acudió al búnker de la Fiscalía para entregar el dossier denominado “El libro de la verdad”. Según De la Espriella, el documento recopila más de ochenta casos de presunta corrupción detectados durante la administración de Gustavo Petro.

Acompañando al mandatario estuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, quien brindó detalles sobre el contenido del expediente. Restrepo informó que se detectó la desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026.

Explicó que el presupuesto para tres millones de adultos mayores se agotó en julio, sin que existieran, según sus declaraciones, planes de contingencia para la continuidad del programa.

Restrepo agregó que la falta de respaldo financiero dejó a la población vulnerable sin apoyo, lo que evidencia deficiencias en la planeación y ejecución de políticas sociales. Resaltó que la ausencia de previsión afectó la estabilidad y la atención de los sectores más necesitados.

Sobre la contratación pública, Restrepo señaló que en la Cancillería se firmaron setecientos ochenta y cinco contratos por ochenta y tres mil millones de pesos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Indicó que supuestamente se modificaron los requisitos para representar a Colombia en el exterior, eliminando la exigencia de un segundo idioma.

El vicepresidente expuso nueve patrones de comportamiento identificados en el análisis del expediente. Destacó la supuesta destrucción del rigor técnico, señalando que se omitieron normas y procedimientos y se relegó el mérito y la experiencia en la selección de funcionarios. También mencionó el presunto colapso de la capacidad tecnológica, con sistemas obsoletos y plataformas cerradas que dificultan el control estatal.

El informe advierte sobre la opacidad y distorsión de la información pública. Restrepo afirmó que se encontraron supuestas cifras alteradas, datos incompletos e información inexacta. Además, identificó una presunta parálisis operativa en varias áreas estatales, con recursos no ejecutados y presupuestos incumplidos en al menos doce sectores.

Al finalizar su intervención, Luz Adriana Camargo reiteró su postura: “Reitero, como le manifesté en nuestra reunión del jueves, que conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados”.