El procurador Gregorio Eljach anunció investigaciones contra la esposa del ministro de Salud por presuntas presiones ilegales en contrato de buque-hospital en el Amazonas

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de un contrato relacionado con un buque-hospital destinado a comunidades apartadas del Amazonas.

Según informó el procurador general, Gregorio Eljach, la investigación se centra en la presunta injerencia indebida de Beatriz Gómez, superintendente delegada para prestadores de servicios de la Supersalud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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La funcionaria habría ejercido presiones sobre empleados del Ministerio de Salud para que firmaran el contrato sin cumplir con los requisitos legales necesarios, como el aval fiscal.

“He ordenado iniciar unas indagaciones preliminares. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios y se tomará la decisión que haya que tomar”, aseguró el procurador.

El anuncio de la indagación se produce tras una publicación periodística que reveló detalles sobre las supuestas presiones ejercidas por Gómez.

Según el periodista Daniel Coronell, la funcionaria habría utilizado amenazas y exigencias para acelerar la firma del contrato, que implicaba una inversión de 55.000 millones de pesos. Eljach señaló que ya se han ordenado las primeras pruebas para determinar si se abrirá una investigación formal contra Gómez o si se tomarán otras medidas disciplinarias.

“Se está tomando atribuciones que no le corresponden y presionando a funcionarios a adoptar decisiones multimillonarias de manera exprés, sin oír razones legales, bajo amenazas y en términos descomedidos” afirmó el periodista.

Presuntas irregularidades en la contratación del Buque-Hospital

El contrato en cuestión tenía como objetivo la adquisición de un Buque-Hospital que brindara servicios médicos a comunidades remotas del Amazonas. Sin embargo, según detalló Coronell, el proyecto enfrentó múltiples obstáculos, como sobrecostos, errores administrativos y problemas de financiación. La agente interventora del proyecto, Lina Baracaldo, advirtió que no era viable firmar el convenio debido a la falta de fondos suficientes para garantizar la operación del hospital fluvial.

A pesar de estas advertencias, Gómez habría insistido en que el contrato debía firmarse de inmediato. Según la investigación periodística, la funcionaria habría dicho a los empleados involucrados:

“Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia”. Estas declaraciones, que fueron grabadas por los funcionarios afectados, forman parte de las pruebas que ahora analiza la Procuraduría.

Consecuencias laborales y denuncias de abuso de poder

La negativa de los funcionarios a cumplir con las órdenes de Gómez tuvo repercusiones laborales. Lina Baracaldo, quien había señalado los riesgos del proyecto, perdió su puesto tras rechazar las presuntas amenazas de la superintendente delegada. Según Coronell, Gómez negó reconocer su voz en las grabaciones, aunque el periodista afirmó haber comparado el audio con otras comunicaciones de la funcionaria y concluyó que se trataba de la misma persona.

Eljach subrayó que la indagación preliminar busca recopilar todos los elementos probatorios necesarios antes de tomar una decisión definitiva. “Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios y se tomará la decisión que haya que tomar”, afirmó el procurador. La investigación determinará si se abre un proceso formal contra Gómez o si se adoptan otras medidas en relación con los hechos denunciados.

El proyecto del Buque-Hospital, que inicialmente buscaba mejorar el acceso a servicios de salud en una de las regiones más apartadas del país, se ha visto empañado por las denuncias de irregularidades. La falta de un aval fiscal y los problemas de financiación han puesto en duda la viabilidad del contrato, mientras que las acusaciones contra Gómez han desatado un debate sobre la influencia de altos funcionarios en decisiones administrativas.

La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas iniciales para esclarecer los hechos y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal. Entre las pruebas que se analizarán se encuentran las grabaciones realizadas por los funcionarios afectados, así como otros documentos relacionados con el contrato del Buque-Hospital. Eljach aseguró que el proceso se llevará a cabo con rigor y transparencia, con el objetivo de garantizar que se respeten los principios legales y disciplinarios.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la supervisión y el control en la gestión de recursos públicos, especialmente en proyectos de gran envergadura como el del Buque-Hospital. La indagación preliminar será clave para determinar si hubo abuso de poder por parte de Gómez y si se cometieron faltas disciplinarias que ameriten sanciones.