La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) salió en defensa del juez 74 de garantías de Bogotá, Omar Beltrán, que enfrenta una ola de críticas y cuestionamientos tras su decisión de conceder la libertad a nueve de los trece presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Rolex. o Relojeros. Según informó Corjusticia, la determinación del juez se fundamentó en la falta de pruebas suficientes presentadas por la Fiscalía General de la Nación, y no en una supuesta ausencia de peligrosidad de los procesados, como se ha señalado.
De acuerdo con un comunicado emitido por Corjusticia, el juez Beltrán sí impuso medidas de aseguramiento contra cuatro de los investigados, pero consideró que no era viable afectar la libertad de los otros nueve, ya que la Fiscalía no logró acreditar una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos imputados. La corporación lamentó que esta decisión haya sido descontextualizada, lo que ha derivado en ataques hacia el juez, afectando su bienestar personal, el de su familia y el de la comunidad judicial en general.
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La controversia en torno a la decisión del juez Beltrán escaló rápidamente, con figuras públicas como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionando abiertamente la liberación de los presuntos delincuentes. Galán calificó la decisión como un riesgo para la seguridad de los habitantes de la capital, al considerar que los liberados representaban una amenaza significativa.
En medio de esta polémica, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el juez Beltrán. Corjusticia detalló que esta medida busca determinar si el funcionario incurrió en alguna falta al no aceptar la solicitud de la Fiscalía de imponer medidas de aseguramiento contra los nueve procesados. Sin embargo, la corporación subrayó que las decisiones judiciales deben ser evaluadas únicamente a través de los recursos legales establecidos, y no mediante ataques mediáticos o en redes sociales.
Desde la corporación enfatizaron que la decisión del juez Beltrán se basó en un análisis jurídico y fáctico riguroso, en el que se concluyó que el ente investigador no presentó pruebas suficientes para justificar la detención de los nueve imputados. De acuerdo con Corusticia, esta conclusión quedó registrada en la grabación de la audiencia pública, en la que se evidenció que el juez actuó conforme a la ley y la Constitución Política de Colombia.
La corporación también denunció que los cuestionamientos hacia el juez han omitido deliberadamente este contexto, lo que ha generado una percepción negativa sobre su profesionalismo y ha alimentado ataques en su contra a través de redes sociales. Corjusticia calificó esta situación como un atentado contra la independencia judicial y recordó que los jueces y magistrados están obligados a actuar únicamente en el marco de la ley, sin ceder a presiones externas.
En su comunicado, Corjusticia expresó su preocupación por el impacto que este tipo de ataques tiene no solo en los funcionarios judiciales, sino también en sus familias y en la comunidad judicial en general. La corporación advirtió que estas situaciones afectan el bienestar de los jueces y magistrados, debilitando la confianza en el sistema judicial y, en última instancia, en el Estado Social de Derecho.
“Es lamentable que, en el ejercicio de nuestra labor, seamos objeto de ataques que no solo nos afectan personalmente, sino que también inciden negativamente en nuestras familias y en la percepción de la comunidad sobre la justicia”, señaló Corjusticia en su declaración. La corporación reiteró que las decisiones judiciales deben ser debatidas exclusivamente a través de los mecanismos legales establecidos, como los recursos de apelación, y no mediante juicios mediáticos o sociales.
En medio de la controversia, Corjusticia hizo un llamado a las autoridades públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía en general para que respeten la independencia judicial y eviten desinformar sobre las decisiones de los jueces. La corporación subrayó que los funcionarios judiciales actúan en cumplimiento de la ley y que sus decisiones no deben ser objeto de ataques personales ni de presiones externas.
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