La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el traslado de la reclusa Andrea Valdés, luego de denunciar que fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Esta determinación sucedió luego de que para la última semana del mes de marzo de 2025, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, negara la solicitud de prisión domiciliaria que realizó el defensor de Valdés, el jurista Felipe Alzate.
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“Son los centros de reclusión nacional los lugares donde la persona privada de la libertad debe pagar su condena, a menos que medie una orden judicial del juez competente de ejecución de pena que autorice el traslado”, decía la carta del Ministerio.
Sin embargo, en ese caso, un juez estableció que Valdés será reubicada en la Cárcel Distrital de Bogotá, bajo la administración de la Secretaría de Seguridad de la capital, de acuerdo con lo que comunicó Semana.
Según la denuncia, la mujer quedó en estado de embarazo tras la agresión y, posteriormente, habría sido sometida a un intento de aborto en contra de su voluntad.
El fallo judicial ordena a la directora de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Myriam Elena Calle García, garantizar el traslado en un plazo máximo de 48 horas tras la notificación.
Sin embargo, la defensa de Valdés ha manifestado su preocupación respecto a la infraestructura del nuevo centro de reclusión, pues no cuenta con un pabellón adecuado para mujeres en estado de gestación.
Preocupaciones por condiciones médicas
Por su parte, Alzate expresó su inquietud ante la decisión del tribunal, y señaló que la Cárcel Distrital carece de personal especializado y espacios adecuados para atender a mujeres embarazadas.
De hecho, afirmó, citado por el medio que su nuevo lugar de castigo “carece de un pabellón para mujeres gestantes y no dispone de la atención médica especializada que requiere la señora Valdés, quien se encuentra en un avanzado estado de gestación y está próxima a dar a luz en mayo”, advirtió.
A pesar de estas consideraciones, Valdés continúa en las mismas condiciones de reclusión en la cárcel El Buen Pastor, bajo la custodia del Inpec, mientras se evalúan los detalles logísticos de su traslado. La defensa ha solicitado una reconsideración de la medida para garantizar que la reclusa reciba la atención médica adecuada.
De acuerdo con la información publicada por el medio nacional, Valdés, que cumple una condena por homicidio agravado, descubrió que estaba embarazada el 11 de octubre de 2024. Según su abogado, el embarazo podría ser consecuencia directa de los abusos sufridos en el penal. La reclusa enfrenta ahora un embarazo de alto riesgo, amenazas constantes y un entorno que, según su defensa, no garantiza su seguridad ni la de su bebé.
El detalle de las denuncias
El caso de Andrea Valdés no solo incluye las denuncias de abuso sexual, sino también acusaciones de tortura y tratos crueles. Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las condiciones de reclusión de Valdés constituyen actos de tortura y violencia institucional.
El documento detalló que la reclusa fue sometida a aislamiento, privación de derechos básicos y amenazas constantes. Además, se señala que la rotación de guardias habría sido utilizada como un mecanismo para perpetuar un ciclo de abuso.
El informe también destaca que Valdés fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde se le diagnosticó una amenaza de aborto. Según su abogado, las sustancias abortivas encontradas en su cuerpo podrían haber sido suministradas sin su consentimiento por los mismos funcionarios del Inpec. A pesar de que el hospital recomendó que fuera ubicada en una “celda abierta” para garantizar una atención adecuada, esta medida no fue implementada por las autoridades penitenciarias.
El 10 de enero de 2025, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, aparentemente como medida de protección. Sin embargo, su abogado ha señalado que este traslado no ha garantizado su seguridad, ya que sigue bajo la custodia de la misma institución que presuntamente la agredió.
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