Los movimientos bancarios de Carlos Ramón González que lo vincularían al caso de corrupción de Ungrd: CDT y consignaciones en efectivo, en la mira

A medida que avanzan las investigaciones por el mayor escándalo de corrupción en el Gobierno Petro, que incluye presuntas entregas de coimas a congresistas, se siguen conociendo nuevos detalles del caso.

De hecho, después de conocerse sobre la audiencia preliminar contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, en la que la Fiscalía informó sobre el material probatorio que lo señalaría como el responsable de ordenar la supuesta entrega de sobornos a los presidentes de la Cámara y el Senado de la República, ahora se conocen los registros de los movimientos bancarios del exfuncionario y cercano del presidente.

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Según reveló la revista Semana, González, que ha ocupado cargos de relevancia como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades financieras que podrían derivar en cargos judiciales.

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía ha recopilado un extenso conjunto de pruebas que incluyen análisis de movimientos bancarios, comunicaciones, reportes fiscales y migratorios, así como registros de transacciones sospechosas.

Uno de los aspectos más llamativos del caso son los movimientos financieros de González, que han sido calificados como “atípicos” por expertos en inteligencia financiera consultados por el medio nacional.

Según un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), conocido por el medio mencionado, entre enero de 2019 y septiembre de 2024, González realizó 22 transacciones en efectivo que despertaron sospechas en el sistema financiero. Estas operaciones, que incluyen retiros, depósitos y transferencias de altas sumas de dinero, fueron reportadas como inusuales debido a la falta de claridad sobre el origen de los recursos.

Entre las transacciones destacadas se encuentra un retiro de treinta millones de pesos el 27 de mayo de 2019 desde la cuenta de la empresa Dansgold SAS, de la cual González figura como representante legal suplente.

Además, el 31 de octubre de 2019, se registró un depósito de 341 millones de pesos en su cuenta corriente, cuya procedencia no pudo ser justificada.

En diciembre de ese mismo año, realizó dos depósitos de cien millones de pesos, cada uno a su fondo de pensiones voluntarias, y en septiembre de 2020, consignó otros 44 millones de pesos con el mismo destino.

Durante el periodo electoral de 2022, González efectuó dos retiros consecutivos de 150 y 100 millones de pesos, respectivamente, pocos días antes de las elecciones legislativas. Asimismo, en diciembre de 2022, retiró más de 1.286 millones de pesos de un Certificado de Depósito a Término (CDT), que reinvirtió inmediatamente en otro instrumento financiero similar.

En marzo de 2023, realizó tres transacciones en un solo día por un total de 1.364 millones de pesos, lo que generó nuevas alertas en el sistema financiero.

Además, según su declaración de renta de 2021, González reportó un patrimonio bruto de 12.508 millones de pesos, incluyendo 18 bienes inmuebles ubicados en Bogotá, Girón (Santander), y municipios de Cundinamarca como San Francisco y Sopó.

Parte de los recursos que utilizó para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 provino de la empresa Dansgold SAS, cuya actividad económica está relacionada con el sector inmobiliario.

El informe de la Uiaf también señala otras operaciones sospechosas, como un depósito en efectivo de 341 millones de pesos en una sucursal bancaria de Bucaramanga, ciudad donde González desarrolló actividades políticas.

Además, se identificó una transferencia de 791 millones de pesos desde una cuenta en Scotia Securities y una operación con moneda extranjera por 339 millones de pesos, vinculada a cuentas en Panamá.

Entretanto, el nombre de González también aparece relacionado con el caso de corrupción en la Ungrd, que involucra un monto de 54.851 millones de pesos.

Según el informe de la Uiaf, estos recursos estarían vinculados a contratos irregulares, como la compra de carrotanques para La Guajira, en los que estarían implicadas varias personas políticamente expuestas (PEP).