Las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre el pago de la opción tarifaria con las comercializadoras de energía han desatado una fuerte controversia.
Según el funcionario, esta deuda solo podría ser saldada si el Congreso aprueba una ley de financiamiento.
Ante esta afirmación, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe reaccionó de inmediato, acusando al ministro de faltar a la verdad y recordándole el compromiso previo del Gobierno.
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Su representante, Norman Alarcón, fue enfático al señalar que el presidente Gustavo Petro garantizó que el Estado asumiría esta obligación sin condiciones adicionales.
“El ministro Edwin Palma falta a la verdad sobre el pago de opción tarifaria”, expresó Alarcón, citando las palabras del propio presidente: “La opción tarifaria se convierte en deuda pública de la Nación (…) La opción tarifaria que debería pagar la familia a las comercializadoras de la energía eléctrica debe pagarla la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional, titularización, no refinanciación. Toca sincerar la deuda, no tenemos otra alternativa”.
Desde la Liga de Usuarios aseguraron que, en ningún momento, el mandatario condicionó el pago al trámite de una ley en el Congreso, como ahora lo indica el ministro. “En ningún momento el primer mandatario de la Nación dijo que condicionaba el pago del Gobierno de la opción tarifaria a la presentación de un proyecto de ley para tales efectos, como insinúa hoy el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma”, recalcaron.
Adicionalmente, los usuarios del Caribe exigieron que el Gobierno cumpla su compromiso y que no intente trasladar la deuda a otros sectores. Según la Liga, la posibilidad de que sean los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores comerciales e industriales, quienes asuman el costo de la opción tarifaria, representa un incumplimiento de la promesa gubernamental.
Esta no es la única inquietud que han expresado las organizaciones ciudadanas en la región. También denunciaron que el Gobierno aún no ha acatado las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenan eliminar el régimen especial tarifario impuesto a la Costa Caribe.
Según la Liga de Usuarios, de cumplirse esta orden, los costos del servicio eléctrico en la región disminuirían significativamente, aliviando el impacto económico que han sufrido miles de familias en los últimos años. Sin embargo, han criticado la falta de voluntad política para hacer efectiva esta decisión.
El malestar en la región Caribe crece, especialmente porque los ciudadanos consideran que el Gobierno ha dado mensajes contradictorios sobre la crisis energética. Mientras el presidente Petro ha manifestado su intención de aliviar la carga de los usuarios, las declaraciones del ministro Palma generan incertidumbre sobre el cumplimiento de esas promesas.
Ante este panorama, la Liga de Usuarios insistió en que no aceptará que el costo de la opción tarifaria recaiga en los ciudadanos y exigió respuestas claras al Ejecutivo. “No le queda bien torcer la verdad de los hechos”, concluyeron.
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