Denuncian al ministro de Defensa Pedro Sánchez por fallas estratégicas en la “Operación fortaleza”: cinco soldados resultaron muertos

Un informe reservado de las Fuerzas Militares puso en el centro de la polémica al actual ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, debido a su rol como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) durante la operación militar “Fortaleza”, llevada a cabo en febrero de 2024.

La misión, que buscaba recuperar el control de una zona estratégica en el municipio de Segovia, Antioquia, terminó en un fracaso que dejó cinco soldados muertos y expuso graves errores en la planeación y ejecución del operativo.

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El informe titulado Revista Después de la Acción (RDA), es un documento confidencial elaborado por las Fuerzas Militares, que detalla múltiples fallas que comprometieron la seguridad de los uniformados.

Entre los problemas señalados se encuentran errores en la inteligencia militar, falta de apoyo aéreo, armas defectuosas y deficiencias en las comunicaciones.

Además, el medio reportó que el documento original habría sido manipulado para suavizar la gravedad de los errores cometidos durante la operación.

La Red de Veedurías Ciudadanas, a través del abogado Pablo Bustos, presentó una denuncia formal contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia, dirigida al despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo, busca determinar si Sánchez es penalmente responsable por las fallas en la planeación y ejecución del operativo, así como por la presunta manipulación del informe RDA.

El abogado Bustos destacó que el documento que fue revelado por Semana evidencia graves errores que comprometieron la vida de los soldados. “Pedro Arnulfo Sánchez Suárez es o no penalmente responsable en calidad de Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) en el operativo fallido contra el Clan del Golfo”, señala la denuncia.

La manipulación del informe RDA es uno de los puntos más controvertidos de la denuncia. Según las fuentes citadas por Semana, el alto mando militar habría ordenado la elaboración de un nuevo informe para ocultar las fallas consignadas en el documento original. “El reporte fue crudo y reveló en detalle cómo los uniformados fueron enviados a una emboscada”, indicó el medio.

La operación “Fortaleza” se llevó a cabo en un contexto de alta conflictividad en la región de Antioquia, donde grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc luchan por el control de recursos estratégicos, como la mina de oro Mina Nueva. La vereda Pueblo Nuevo, en el sector conocido como Cancha Manila, era un punto clave en esta disputa.

El nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa por parte del presidente Gustavo Petro ya había generado controversia. Sánchez, un general en retiro, rompió con la tradición de más de tres décadas de designar a civiles en este cargo. Su nombramiento obligó a que renunciara a su rango militar, ya que de no hacerlo, la mayoría de la cúpula militar, que ostentaba rangos superiores, habría tenido que dimitir.

En respuesta a estas revelaciones, Sánchez afirmó que no puede divulgar información clasificada sobre la operación, ya que hacerlo violaría la ley. “Las RDA tienen clasificación secreta e involucran información relacionada con todos los actores y capacidades de las funciones de conducción de la guerra que participaron en una operación que se le asignó a una unidad militar subordinada del Ccoes”, declaró el ministro.

El caso ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en la planeación de operaciones y la protección de las tropas en el terreno. Las fallas documentadas en el informe RDA no solo cuestionan la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, sino también la transparencia en la rendición de cuentas.

La denuncia contra Pedro Sánchez plantea interrogantes sobre las decisiones tomadas durante su gestión como comandante del Ccoes y sobre su papel actual como ministro de Defensa. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el caso sigue siendo un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra los grupos armados en Colombia.