En un hecho sin precedentes en la búsqueda de la paz urbana en Buenaventura, los grupos armados ilegales Shottas y Espartanos firmaron el jueves 13 de marzo un acuerdo en medio del Espacio de Conversación Socio-Jurídico. El pacto establece el compromiso de ambas estructuras de no reclutar, usar ni involucrar a menores de edad en sus actividades delictivas.
Este acuerdo, resultado de los diálogos que se llevan a cabo en la ciudad, representa un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez en una de las zonas más golpeadas por la violencia en la región.
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El documento firmado reconoce la especial protección que debe garantizarse a los niños y niñas, tal como lo establece la Constitución de Colombia y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Facultativo del año 2000. En este sentido, el acuerdo establece que “las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto denominadas Shottas y Espartanos se comprometen a no reclutar, usar, ni utilizar niños y niñas en tareas relacionadas con las violencias”.
Además, el pacto prohíbe explícitamente la participación de menores en actividades como el transporte de armas, la recolección de información, el espionaje, el uso como escudos humanos y cualquier otra labor vinculada con el accionar delictivo de estos grupos. De igual forma, las estructuras se comprometieron a respetar los espacios físicos dedicados a la infancia, como centros educativos, escenarios deportivos y recreativos, y centros de salud.
El documento también estipula que Shottas y Espartanos no podrán ejercer ningún tipo de violencia física, psicológica o sexual contra los menores, lo que supone un avance en la protección de la niñez en el contexto de violencia que enfrenta Buenaventura.
Participación del Gobierno y seguimiento al acuerdo
El Gobierno nacional, representado en la mesa de diálogo por Fabio Cardozo, coordinador de la delegación gubernamental, junto con los delegados Adriel Ruiz Galván, Jhon Henry Arboleda, Jesús Flórez y Laura Fuquene Giraldo, se comprometió a fortalecer el sistema de protección de la infancia. Esto incluye la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento del cumplimiento del acuerdo, bajo la supervisión del Espacio de Conversación Socio-Jurídico de Buenaventura.
El acuerdo también contó con la presencia de acompañantes clave, como el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo Montoya, y la coordinadora de la Oficina Regional de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), Paula Szy, quienes jugaron un papel fundamental en la mediación y facilitación del diálogo entre las partes.
El pacto hace parte de un esfuerzo mayor por alcanzar un “Acuerdo por la Paz de Buenaventura” durante 2025, con el objetivo de reducir los índices de violencia y fortalecer la convivencia en la región.
Refuerzos de seguridad en Buenaventura
En paralelo a este acuerdo, el Gobierno anunció medidas adicionales para reforzar la seguridad en la ciudad. La coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, informó que se han desplegado cien nuevos efectivos en áreas clave del servicio de Policía, incluyendo unidades especializadas en inteligencia, antinarcóticos e investigación.
Además, se ha dispuesto la entrega de un dron con operarios especializados para mejorar la cobertura de vigilancia en la ciudad, con el fin de prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los habitantes. Asimismo, se fortalecerá la presencia de unidades de Carabineros y grupos de intervención en las zonas más afectadas por las disputas territoriales entre grupos ilegales.
Si bien el pacto suscrito por Shottas y Espartanos, junto con las acciones gubernamentales de seguridad, representa un paso clave en la búsqueda de la paz y el bienestar de la comunidad en Buenaventura; el éxito de esta iniciativa dependerá de la implementación efectiva de los compromisos adquiridos por todas las partes involucradas.
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