La senadora Paloma Valencia, perteneciente al partido Centro Democrático, hizo una grave denuncia contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que se incurrió en una irregularidad en la homologación del título del presidente de Colpensiones —empresa estatal administradora de pensiones—, Jaime Dussán. Según la legisladora, el Ministerio de Educación Nacional convalidó un “título propio”, a pesar de que la normatividad vigente en Colombia establece que estos títulos no son susceptibles de convalidación.
A través de su cuenta oficial de prensa en redes sociales, la congresista publicó un hilo en el que expuso detalladamente los argumentos de su denuncia. “El gobierno de Petro homologó un título propio al presidente de Colpensiones, pese a que el MinEducación aclara que estos títulos no son convalidables. Les presentamos el resumen del texto de Erick Behar-Villegas, sobre títulos propios en el siguiente hilo. Atentos”, afirmó la senadora en su publicación inicial.
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Posteriormente, la legisladora compartió un video, que data del 24 de enero de 2025, en el que enfatizó que el presidente de Colpensiones no cumple con los requisitos necesarios para ocupar su cargo, debido a que su título de maestría no ha sido convalidado.

“Hemos insistido en que el presidente de Colpensiones, el Dr. Dussán, no tiene los requisitos para ser presidente porque tiene un título de maestría que no está convalidado. La junta directiva ha debido destituirlo porque eso es lo que dice la ley. Pasado 2 de diciembre se cumplieron los términos para que la convalidación estuviera hecha y no hay evidencia de que la tenga. Y por supuesto, se abre un boquete jurídico sobre si una persona que no tenía la maestría convalidada puede haber firmado todos los contratos y todos sus actos. Por lo menos desde el 2 de diciembre, todo lo que ha hecho resulta ser inválido”, expresó Valencia.
En su serie de publicaciones, la senadora explicó en detalle la problemática de los títulos propios y sus implicaciones para la educación y la administración pública en el país.
“¿Qué es un título propio? Son certificaciones emitidas por universidades que no han pasado auditorías estatales. No tienen los mismos efectos que un título oficial y su validez depende solo de la institución que los otorga”, aclaró Valencia. Además, argumentó que la Corte Constitucional no obliga a reconocer estos títulos, sino únicamente a evaluarlos, y señaló que el gobierno está validando estas certificaciones sin el rigor académico necesario.

En su análisis, la congresista advirtió sobre los riesgos que esta práctica podría generar en el país: “Si esto se vuelve costumbre, cualquiera podrá acceder a altos cargos públicos con títulos sin respaldo académico. Se degradará la educación y se impondrá el amiguismo sobre el mérito”. También resaltó que esta situación pone en desventaja a las universidades que cumplen con los requisitos exigentes de acreditación y afecta a los estudiantes que hicieron grandes esfuerzos para obtener credenciales legítimas.
Para respaldar su denuncia, la senadora citó una columna publicada en la revista Semana por el académico Erick Behar-Villegas, que analizó la problemática de los títulos propios y sus consecuencias para el sistema educativo y el mercado laboral. En su artículo, explicó cómo algunas universidades en países como España y Alemania ofrecen títulos propios que no cuentan con reconocimiento oficial, lo que puede generar confusión en los estudiantes que buscan una educación acreditada.
El autor también planteó que el reconocimiento de estos títulos en Colombia sin los debidos controles podría sentar un precedente negativo.

“Si se empiezan a reconocer estos títulos, sumando más y más casos, el problema hará una silenciosa metástasis en la sociedad, pues lo que debe ser la cualificación de un profesional—idealmente experto en uno o varios temas—ahora se puede certificar sin procesos rigurosos, siempre y cuando se alinee con un interés político momentáneo”, señaló Behar-Villegas en su escrito.
La denuncia de Valencia provocó un intenso debate en el ámbito político y académico, ya que podría poner en entredicho la transparencia en los procesos de convalidación de títulos en el país. La homologación de títulos no oficiales podría abrir la puerta para que personas sin la formación académica adecuada accedan a altos cargos en el sector público, afectando la toma de decisiones en entidades clave como Colpensiones.
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