Gustavo Petro insistió en que lo han intentado “matar” en cuatro ocasiones desde Dubái

El presidente Gustavo Petro denunció en el Consejo de Ministros, transmitido en vivo el lunes 10 de marzo de 2025, que su vida corre peligro.

En su intervención, el jefe de Estado acusó directamente a la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn) con sede en Dubái, de estar supuestamente gestionando un plan para acabar con su vida.

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El mandatario aseguró que desde esa sede lo han intentado “matar” en cuatro oportunidades, razón por la cual le solicitó a la Policía Nacional que avance en las tareas de inteligencia para desmontar las estructuras de narcotráfico que supuestamente están tratando de atentar con su vida.

“Bajan la cocaína hacia los puertos. El mayor puerto es el de Buenaventura, de exportación de la cocaína del Micay. Estamos ante una situación que obviamente es de seguridad, pero que es diferente a como la prensa la vende”.

Gustavo Petro, afirmó que el narcotráfico en el país ha cambiado su dinámica y que en el suroccidente del territorio operan grupos extranjeros que controlan el comercio de la cocaína. Durante una declaración, señaló que los narcotraficantes trasladan la droga hacia los puertos, siendo Buenaventura el principal punto de exportación de la cocaína proveniente de la región del Micay.

“Estamos ante una situación que obviamente es de seguridad, pero que es diferente a como la prensa la vende”, afirmó Petro, subrayando la necesidad de analizar estos hechos con mayor profundidad, ya que considera que “esto no es contra el Estado, es contra la nación”.

El mandatario explicó que los grupos que controlan el tráfico de drogas en el país no están compuestos por insurgencias locales, sino por organizaciones extranjeras. “Los que dominan ese ejército de narcotraficantes son extranjeros, básicamente carteles mexicanos y otros. A El Plateado ya se le decía una bolsa del narcotráfico a nivel mundial.

Allí se cuadraban los precios internacionales de la cocaína y llegaban albaneses, croatas, mafias de los Balcanes, mafias europeas, mafias norteamericanas, mafias mexicanas, mafias suramericanas”, detalló.

Además, Petro denunció la existencia de una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y cuestionó la falta de investigaciones de inteligencia sobre estos grupos. “Incluso quieren matar al presidente, cuyos nombres los sabemos, cuya acción la sabemos. Ya van cuatro intentos”, afirmó.

El jefe de Estado enfatizó que la situación en el Micay no está relacionada con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), disueltas en 2016. “Esto es otra cosa diferente, no es una insurgencia, es un ejército privado”, explicó. Según Petro, estas organizaciones buscan el control territorial y social para dominar la producción de hoja de coca y garantizar su posición en el mercado de la cocaína.

El presidente Gustavo Petro también destacó la necesidad de priorizar la acción estatal en los puertos y las zonas fronterizas del país, áreas que, según afirmó, han sido históricamente abandonadas y están bajo el control de mafias del narcotráfico.

De acuerdo con declaraciones recogidas en la sesión, Petro subrayó que la tasa de homicidios en el país ha mostrado una disminución progresiva, aunque lenta, desde 1993.

Sin embargo, alertó que los niveles de violencia han aumentado en los puertos y las fronteras, donde las mafias ejercen un control significativo. “Los puertos los maneja la mafia, y en las zonas de frontera las está manejando la mafia”, afirmó el presidente, que también señaló que estas áreas deben ser el foco de una política integral de seguridad.

El presidente Petro dedicó parte de su intervención a abordar la situación del Cañón del Micay, una región que enfrenta múltiples desafíos relacionados con el conflicto armado y la economía ilegal.

Según informó el mandatario, el Gobierno busca implementar un modelo de desarrollo que permita transformar la economía local hacia actividades que generen progreso y bienestar para las comunidades.

En este sentido, Petro enfatizó que el objetivo no es recurrir a medidas como la fumigación de cultivos ilícitos o la destrucción de viviendas, sino construir una economía alternativa que beneficie a los habitantes de la región.

“Lo que piensa el Gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, eso no está en nuestra cabeza; no es fumigar campos, no está en nuestra cabeza. Es transformar la economía por una que haga progresar”, declaró.