Exministra de ambiente Susana Muhamad apoyó propuesta de la Procuraduría de ampliar el tiempo para la consulta pública sobre el futuro de la sabana de Bogotá

La solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para extender la consulta pública sobre la resolución del ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá ha sido recibida de manera positiva por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Muhamad considera que esta recomendación podría facilitar la construcción de consensos y evitar la imposición de medidas cautelares en torno a este tema crucial para la región, según sus declaraciones a Caracol Radio.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Muhamad destacó que la ampliación del proceso participativo permitiría a la actual ministra de Ambiente, Susana Elena Muhamad, liderar un debate más inclusivo y fundamentado sobre el borrador de la resolución.

Este enfoque, según la exministra, no solo fortalecería la legitimidad de las decisiones finales, sino que también garantizaría que estas estén alineadas con la protección de los recursos hídricos y el ordenamiento ambiental de la región.

En sus declaraciones, Muhamad subrayó la importancia de que todos los argumentos sean escuchados en la audiencia convocada para este propósito. Según consignó Caracol Radio, la exministra expresó su esperanza de que este proceso no derive en medidas cautelares, sino que, por el contrario, fomente un consenso social y político en torno a la resolución.

Este consenso, afirmó, es esencial para proteger las cuencas hidrográficas, garantizar el abastecimiento de agua y fortalecer la capacidad hídrica de la Sabana de Bogotá.

Muhamad también destacó que la resolución en cuestión busca reforzar los instrumentos de planificación ambiental en la región, un objetivo que, según ella, está en plena consonancia con la sentencia del río Bogotá. Esta sentencia recordó, tiene como eje central la defensa y protección de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial basado en el agua.

La exministra enfatizó que la resolución no debería interpretarse como contraria a la sentencia del río Bogotá, sino como un mecanismo para fortalecerla. Según detalló Caracol Radio, Muhamad argumentó que la resolución está diseñada para consolidar las herramientas de planificación necesarias para proteger la Sabana de Bogotá, un área de gran importancia ambiental y estratégica para el país.

En este contexto, Muhamad insistió en que la apropiación social y política de estas medidas es fundamental. Según sus palabras, la ampliación de la consulta pública no solo permitirá una mayor participación ciudadana, sino que también contribuirá a legitimar las decisiones adoptadas en torno al ordenamiento ambiental de la región.

La Sabana de Bogotá, una de las regiones más importantes de Colombia en términos ecológicos y económicos, enfrenta desafíos significativos relacionados con la gestión de sus recursos naturales. Según informó Caracol Radio, la resolución en discusión busca abordar estos desafíos mediante un enfoque integral que priorice la sostenibilidad y la protección de los recursos hídricos.

En este sentido, la recomendación de la Procuraduría General de la Nación de ampliar la consulta pública representa una oportunidad para fortalecer el proceso participativo y garantizar que las decisiones finales cuenten con un amplio respaldo social y político.

Tal como señaló Muhamad, este enfoque no solo es necesario para cumplir con los objetivos de la sentencia del río Bogotá, sino también para asegurar un futuro sostenible para la región.

La ampliación de la consulta pública, según las declaraciones recogidas por Caracol Radio, podría marcar un punto de inflexión en la gestión ambiental de la Sabana de Bogotá. Al permitir un debate más inclusivo y fundamentado, este proceso tiene el potencial de generar consensos duraderos y evitar conflictos legales que podrían retrasar la implementación de medidas cruciales para la región.

Cabe recordar que el conflicto sobre la Sabana de Bogotá surge por una resolución del Ministerio de Ambiente que busca regular su ordenamiento territorial para proteger ecosistemas estratégicos y adaptarse al cambio climático.

Sin embargo, autoridades locales, encabezadas por el alcalde Carlos Fernando Galán, rechazan la medida, argumentando que impone restricciones sin coordinación con Bogotá y Cundinamarca, afectando proyectos clave como la primera línea del metro y la ampliación de vías principales.

También advierten que la norma impactaría a miles de residentes al cambiar la clasificación de sus terrenos. Mientras el Gobierno defiende la resolución como necesaria para la sostenibilidad ambiental, la oposición reclama autonomía territorial y diálogo antes de establecer restricciones que podrían afectar el desarrollo urbano y económico.