Un entramado de corrupción que operó entre 2010 y 2014, y que generó un detrimento patrimonial millonario al Estado colombiano, culminó con la condena de Carlos Eduardo Ochoa Moreno, abogado señalado como el principal responsable de la red.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Ochoa fue sentenciado a 16 años de prisión tras ser hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación y estafa agravada.
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La decisión judicial también incluyó su inhabilitación para ejercer funciones públicas y la abogacía por más de 15 años, además de una multa equivalente a 1.631 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) de 2014.
De acuerdo con la investigación, el abogado lideró un esquema que buscaba beneficiar de manera irregular a 1.607 docentes del departamento de Cundinamarca, permitiéndoles acceder a la pensión gracia sin cumplir los requisitos legales. Este beneficio está destinado exclusivamente a maestros que hayan trabajado de manera continua durante 20 años, tengan más de 50 años de edad y no cuenten con otra pensión o beneficio estatal. Sin embargo, la red utilizó documentación falsa para simular el cumplimiento de estas condiciones, lo que derivó en un grave perjuicio económico para el Estado.
Un fraude que le costó millones al Estado
La Fiscalía detalló que el esquema ilegal provocó un detrimento patrimonial de 34.000 millones de pesos para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad encargada de administrar los recursos destinados a las pensiones. Además, se identificó un peculado por 500.000.000 de pesos, atribuible directamente a las acciones de Ochoa y sus cómplices. Según consignó la Fiscalía, el abogado tramitó de manera fraudulenta el reconocimiento y las reliquidaciones de las pensiones utilizando documentos falsificados, como historias laborales y certificados salariales, que posteriormente sustentaban demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La red de corrupción no operó en solitario. Según la cartera, dos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca participaron activamente en el esquema, los cuales avalaron los pagos de las jubilaciones mediante la expedición de documentos y certificaciones falsas. Estos exfuncionarios, quienes tenían acceso al sistema administrativo del departamento, aceptaron su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en documento público. Ambos lograron acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas.
Detalles de la sentencia y apelación de la defensa
La sentencia contra Carlos Eduardo Ochoa Moreno no solo contempla la pena privativa de la libertad, sino también su traslado a un centro carcelario en Bogotá, según ordenó la juez encargada del caso. Además, la inhabilitación para ejercer su profesión y funciones públicas por 188 meses (más de 15 años) busca impedir que el abogado vuelva a ocupar cargos que puedan facilitar la comisión de delitos similares.
Por otro lado, la defensa de Ochoa presentó una apelación contra la decisión judicial, aunque no se especificaron los argumentos utilizados para intentar revertir la condena.
El rol de los docentes y el impacto del fraude
El esquema de corrupción liderado por Ochoa Moreno no solo afectó las finanzas del Estado, además involucró a un amplio grupo de docentes que, presuntamente, se beneficiaron de manera irregular. Según las pruebas presentadas por la dependencia, los 1.607 maestros que accedieron a la pensión mediante este esquema no cumplían con los requisitos legales establecidos. La red utilizó correos electrónicos para coordinar la entrega de nombres y datos de los beneficiarios, lo que permitió a los funcionarios implicados expedir los documentos falsos necesarios para sustentar las solicitudes de pensión.
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema administrativo y judicial en Colombia, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que recursos destinados a sectores prioritarios sean desviados a través de prácticas corruptas.
Finalmente, la investigación que llevó a la condena de Carlos Eduardo Ochoa Moreno y sus cómplices se extendió durante varios años, lo que refleja la complejidad del caso y la magnitud del daño causado. Según reportó la Fiscalía, las pruebas recopiladas fueron determinantes para demostrar la existencia del entramado de corrupción y la responsabilidad de los implicados. Entre estas pruebas se incluyeron documentos falsificados, registros de correos electrónicos y testimonios de los involucrados.
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