Capturados exoficiales de la Policía por ‘carnetizar’ como escoltas a miembros del Clan del Golfo: les daban armas de dotación

La Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este lunes 3 de marzo que dio un duro golpe contra una red de corrupción que, al parecer, permitía a cabecillas de organizaciones criminales portar armas de fuego de manera legal en todo el territorio nacional.

Según informó el ente investigador, tres representantes legales de empresas de seguridad privada fueron capturados y judicializados por su presunta participación en un esquema que facilitaba el acceso a armamento a personas vinculadas con actividades delictivas.

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Entre los detenidos se encuentran dos exoficiales de la Policía Nacional, un coronel y un capitán en retiro, así como un particular.

De acuerdo con las autoridades, estas empresas habrían carnetizado como escoltas a líderes de redes criminales, utilizando documentación falsa para justificar el alquiler de armas de fuego.

Entre los beneficiados por estas actividades ilegales figuran alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en Magdalena Medio; alias el Caballista y alias Pájaro, ambos implicados en la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota en Bogotá.

Este esquema no solo les permitía portar armas con aval de las autoridades, sino también evadir controles policiales.

Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá y Barranquilla. Durante los operativos, las autoridades incautaron un arsenal que incluía 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, cinco escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

Además, se confiscaron dispositivos electrónicos como seis celulares y tres memorias USB, que podrían contener información clave para el caso.

Los detenidos fueron identificados como el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva y Jorge Oswaldo Castaño Galindo.

Según detalló la Fiscalía, estos individuos enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos imputados.

La investigación reveló que el coronel (r) Ruiz Pulido, a través de su empresa de seguridad, habría simulado pagos mensuales por el alquiler de armas de fuego y carnetizado como escolta a Edgar Elicio Munévar, alias El Caballista.

Este último está señalado de formar parte de una red que utilizaba vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar estupefacientes y de haber participado en la fuga de alias Matamba.

Por su parte, el capitán (r) Urrego Chitiva y su compañía habrían facilitado armas a Jesús Martín Bello, también vinculado a la fuga de Matamba, y a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, líder del grupo delincuencial La Oficina, con presencia en Medellín, Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá.

Asimismo, la empresa de Castaño Galindo habría suministrado armamento a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, quien lideraba una estructura del Clan del Golfo en Magdalena Medio.

Alias Terror murió recientemente en un operativo de la Policía Nacional en Puerto Triunfo, Antioquía.

De manera paralela al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó medidas cautelares sobre bienes relacionados con este entramado ilegal.

Según informó la Fiscalía, se impusieron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades valoradas en más de 1.800 millones de pesos.

Entre los bienes ocupados se encuentran dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de alta gama. Las diligencias se llevaron a cabo en Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Puerto Triunfo. Estos activos quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El proceso de extinción de dominio se inició tras la captura de Manuel Antonio Castañeda Bernal, quien fue interceptado en vías del departamento del Cauca mientras transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Este hallazgo reforzó las sospechas sobre el uso de recursos y vehículos oficiales para actividades ilícitas.

Según las autoridades, el esquema no solo facilitaba el acceso a armas de fuego, sino que también permitía a los cabecillas de estas organizaciones operar con mayor libertad y evadir los controles de las fuerzas de seguridad.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional continúan trabajando en la recolección de pruebas y en la identificación de otros posibles implicados en esta red de corrupción.