La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre la muerte de un hombre en el municipio de Caucasia, Antioquia, registrada a principios de 2023.
El deceso, calificado inicialmente como sospechoso, ocurrió en circunstancias inusuales, lo que llevó a las autoridades a esclarecer los hechos detrás del trágico suceso.
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Tras iniciar las diligencias, las investigaciones se centraron en el corregimiento de Cuturú, donde se descubrió que siete miembros de la Fuerza Pública habrían estado involucrados en la retención ilegal y tortura de tres civiles.
Según informó el ente judicial, los tres hombres fueron detenidos sin orden judicial y bajo la sospecha de tener información sobre una caleta de alto valor vinculada a un grupo armado ilegal en la zona.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 20 y el 21 de abril de 2023, cuando los militares, bajo el mando de un teniente en retiro, habrían trasladado a los tres retenidos a la base patrulla móvil del Batallón Rifles del Ejército Nacional.
Allí, los civiles fueron sometidos a métodos de tortura para forzarlos a revelar la ubicación de la caleta con grandes sumas de dinero, presuntamente propiedad de un grupo armado ilegal que opera en la región.
El objetivo de los militares, según las investigaciones, era obtener información mediante métodos de tortura que incluyeron amenazas y agresiones físicas.
La Fiscalía señaló que los uniformados pretendían llevar a los civiles al límite para que revelaran la ubicación de la caleta y, posteriormente, liberarlos. Sin embargo, los hechos tomaron un giro trágico cuando uno de los hombres murió durante el procedimiento.
El fallecimiento del civil ocurrió en un lago cercano al lugar donde se encontraban los militares. Según las autoridades, el hombre fue sometido a un método de tortura conocido como “ahogamiento controlado”, que consiste en sumergir a la persona en agua de manera intermitente para generar asfixia y miedo extremo. En este caso, el procedimiento se salió de control, y el hombre perdió la vida por ahogamiento.
De esta manera, la Fiscalía presentó pruebas suficientes para vincular a los militares con las torturas y el fallecimiento de uno de los civiles. Los siete implicados habrían incurrido en delitos de homicidio de personas protegidas y tortura contra personas protegidas, tras presuntamente actuar sin una orden judicial y emplear métodos de tortura para obtener información.
Los hechos involucran al teniente en retiro Jahyr Stephen García Echaves, al cabo tercero Oscar Iván Joven Zúñiga, al sargento segundo Diego Alejandro Castillo Castillo y a los soldados profesionales Alfredo Julio Basilio, Juan Camilo Navarro Galindo, Juan Esteban Regino Corrales y José Rafael Morales Donado.
En una decisión tomada por un juez de control de garantías del circuito de Antioquia, se determinó que los seis soldados activos deberán cumplir una medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar.
Por su parte, el teniente en retiro Jahyr Stephen García Echaves permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. Según consignó la Fiscalía, ninguno de los uniformados se allanó a los cargos imputados, lo que indica que el proceso judicial continuará su curso.
En cuánto a los dos civiles que sobrevivieron a las presuntas torturas fueron presentados ante un delegado de la Fiscalía. Sin embargo, según detalló el ente investigador, no se encontraron méritos suficientes para proceder con su captura ni judicialización.
La Fiscalía destacó que las víctimas de estos actos son consideradas personas protegidas bajo el derecho internacional humanitario.
El corregimiento de Cuturú, en Caucasia, ha sido escenario de múltiples conflictos debido a la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control del territorio. La muerte del civil y las circunstancias que la rodearon han generado indignación entre los habitantes de la región, quienes exigen justicia y garantías de no repetición.
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