Empresarios aseguran que gravamen del 19 % a juegos de azar en línea fue mal calculado: “Llamamos la atención sobre la pérdida de recursos”

El reciente gravamen del 19 % impuesto a los juegos de azar en línea ha generado una caída significativa en los ingresos del sector, según alertaron los empresarios del gremio.

La medida, que entró en vigor el pasado sábado 22 de febrero como parte de los decretos de conmoción interior para financiar la crisis del Catatumbo, ya muestra efectos adversos.

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De acuerdo con los representantes de la industria, en tan solo dos días desde su implementación, los ingresos de las plataformas reguladas han disminuido en un 50 %, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector y los recursos que este aporta al país.

Según informó Fecoljuegos, el gremio que representa a las empresas de juegos de azar en línea, el cálculo del Gobierno sobre los ingresos del sector fue erróneo.

El presidente de la organización Evert Montero explicó que la medida no solo desincentiva a los usuarios a participar en plataformas legales, sino que también fomenta la migración hacia sitios no regulados.

Actualmente, se estima que el 30 % de los jugadores utiliza plataformas ilegales, pero Montero advirtió que esta cifra podría duplicarse debido al nuevo impuesto.

El dirigente gremial señaló que esta situación afecta directamente la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente, generar empleo y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Además, destacó que la industria ha sido un aliado clave en la generación de recursos para el país, especialmente en sectores como la salud, que dependen de los aportes provenientes de los juegos de azar.

“Los gremios hemos informado, oportunamente, sobre las consecuencias que esta medida podría traer y llamamos la atención sobre la pérdida de recursos que inevitablemente se dará en el sector de la salud”, afirmó Montero.

Más de 11 millones de cuentas activas y un mercado en riesgo por el nuevo impuesto

De acuerdo con El Colombiano, el sector de las apuestas en línea ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con un aumento del 90% desde la pandemia, según datos de la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola.

Actualmente, se realizan más de tres millones de transacciones diarias en estas plataformas, y existen 11 millones de cuentas activas en el país.

El gremio que agrupa a las empresas de juegos de azar, Fecoljuegos, expresó el 20 de enero su preocupación por las consecuencias económicas y sociales de esta medida.

En un comunicado citado por el medio, la organización advirtió que, sin un período de transición adecuado, los operadores podrían verse obligados a suspender parcial o totalmente sus actividades, lo que pondría en riesgo la estabilidad del sector.

Además, señalaron que esta decisión podría afectar el patrocinio de los equipos de fútbol, ya que 18 de los 20 clubes de la primera división cuentan con el respaldo de casas de apuestas, así como el campeonato nacional.

El medio El Tiempo informó que las empresas del sector podrían reducir su inversión en el fútbol local, que actualmente asciende a unos 29 millones de dólares.

La postura del gobierno y las críticas al sector

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en sus críticas hacia las casas de apuestas, a las que calificó como un sector controlado por “dueños mafiosos” que han bloqueado intentos previos de regulación.

Según el mandatario, estas empresas presionaron al Congreso para evitar la aprobación de la reforma tributaria de 2024, que incluía impuestos para este sector.

Sin embargo, la conmoción interior decretada por el gobierno le otorgó facultades excepcionales para implementar el gravamen sin necesidad de pasar por el legislativo.

Petro también denunció que algunas empresas de juegos de azar no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, lo que ha generado un vacío fiscal significativo. A pesar de estas acusaciones, las casas de apuestas no virtuales continuarán pagando un impuesto destinado al sistema de salud, que no será afectado por el nuevo decreto.