Ejército desactivó un campo minado con ocho cilindros cargados con explosivos en el Catatumbo

En medio de la creciente violencia en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en conjunto con soldados de la Segunda División del Ejército Nacional, localizaron y desactivaron un área minada en la vereda Versalles.

Según informó el Ejército, el campo minado estaba compuesto por un sistema de activación por telemando, lo que representaba un grave riesgo para la población civil de la zona.

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De acuerdo con el reporte oficial, el área contenía ocho cilindros de 40 libras (18 kilogramos) cargados con explosivos, 300 metros de cable dúplex y 16 detonadores eléctricos.

El brigadier general Gerardo Ortiz, comandante del comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales, explicó: “En desarrollo de operaciones militares, para salvaguardar la vida de los habitantes de la región, fueron encontrados ocho cilindros de 40 libras cargados con explosivos que hacían parte de esta zona preparada para afectar a la población civil y a nuestros soldados”.

Las autoridades señalaron que los grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio están actuando en contravención del derecho internacional humanitario (DIH). Durante el procedimiento de verificación, el grupo Marte llevó a cabo la destrucción controlada de los elementos involucrados.

En un comunicado, la División Aérea destacó que nuevamente se puso en riesgo la vida de la población civil: “Nuevamente se puso en peligro la vida de la población civil, violando los derechos humanos e infringiendo el derecho internacional humanitario, lo cual se ha convertido en una práctica sistemática de los grupos armados al margen de la ley”, indicó el documento.

Por su parte, las Fuerzas Militares informaron que el Ejército Nacional sigue ejecutando la operación Catatumbo con el objetivo de proteger a los habitantes de la región de Norte de Santander frente a la violencia generada por los grupos armados organizados, que buscan expandir y controlar el narcotráfico en la zona.

El descubrimiento del campo minado en Tibú pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan las comunidades rurales en zonas de conflicto. Según detalló el Ejército, los explosivos estaban diseñados para ser activados a distancia, lo que incrementa el peligro para los habitantes locales y las fuerzas de seguridad que operan en el área. Este tipo de dispositivos no solo busca causar daño directo, sino también generar un clima de miedo e inseguridad entre la población.

El uso de minas y explosivos en áreas rurales es una estrategia recurrente de los grupos armados ilegales, que buscan controlar territorios estratégicos para sus actividades ilícitas.

En este caso, la ubicación del campo minado en la vereda Versalles podría estar relacionada con los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, quienes disputan el control de esta región clave para el narcotráfico y otras actividades ilegales.

Crisis humanitaria en Norte de Santander: más de 53.000 desplazados por la violencia del Eln y otros grupos armados

La violencia desatada en Norte de Santander ha generado una de las crisis humanitarias más graves en la región, con 53.630 personas desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y las fuerzas del Ejército colombiano.

Según el último informe del Puesto de Mando Unificado, esta cifra representa un incremento significativo respecto a los 51.481 desplazados registrados previamente. La situación se ha agravado desde que una masacre en el municipio de Tibú, que cobró la vida de tres miembros de una misma familia, marcó el inicio de una escalada de violencia en la zona.

De acuerdo con el reporte, los enfrentamientos han dejado un saldo de 60 homicidios y han obligado a realizar 723 evacuaciones en la región. Además, 3.904 personas se encuentran actualmente en albergues temporales, de las cuales el 38 % son menores de edad, lo que evidencia el impacto desproporcionado de la crisis sobre los niños, niñas y adolescentes.

La situación ha generado una alerta por parte de las autoridades y organismos de derechos humanos, que advierten sobre las graves consecuencias de esta emergencia humanitaria.