
A través de una carta firmada con fecha del jueves 20 de febrero de 2025, la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco Guerrero, expresó que se iniciarán acciones diplomáticas luego de que las autoridades del vecino país demolieron puentes informales ubicados en la frontera con el municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño.
El documento se reveló durante la mañana del 21 de febrero por parte de Caracol Radio, y en la misiva oficial, dirigida al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y su secretario de Gobierno, Benildo Estupiñán Solís, se les informó que se han “Iniciado contacto con las altas autoridades de la Cancillería colombiana y ecuatoriana a fin de poner en conocimiento los hechos ocurridos en la frontera entre Colombia y Ecuador”.
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Estos dos puentes que se volaron con explosivos de manera controlada, se hallan en jurisdicción del Resguardo Nulpe Medio Alto Río San Juan, en la comunidad de El Ojal, agregó el texto.
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Lo anterior hace referencia a la destrucción de dos puentes construidos a base de mingas por parte de los mismos pobladores, y que servían como paso fronterizo irregular, según lo que informaron algunos medios de comunicación ecuatorianos.
“Seguiremos a la espera de respuestas oficiales, agradecemos de antemano su apoyo y colaboración para atender este importante asunto”, puntualizó la carta por parte de la embajadora Velasco.
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Sumado a esto, y a través de un comunicado que se publicó a través de la cuenta de X de la Alcaldía de Cumbal el mismo jueves 20 de febrero, la administración municipal, en cabeza del mandatario Héctor Andrés Tapie Alpala, expresó su inconformismo luego de la acción que realizó el Ejército ecuatoriano.

El mensaje inició con un “rechazo a las acciones llevadas a cabo presuntamente por la Fuerza Pública del Ecuador, específicamente el Ejército Nacional de ese país, quienes, de manera unilateral, sin concertación ni consenso, han procedido a la demolición de los puentes fronterizos que comunican a nuestras comunidades”.
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Según el alcalde Tapie, “estos puentes han sido históricamente un símbolo de unión y cooperación entre pueblos hermanos que comparten lazos culturales, sociales y económicos”, y su demolición “representa un atentado directo contra los derechos y el bienestar de nuestros ciudadanos, afectando gravemente la movilidad, el comercio, el acceso a servicios básicos y la convivencia pacífica entre nuestras comunidades”, precisó el texto.
Además de argumentar que dicha acción vulnera las relaciones binacionales y la cooperación entre Colombia y Ecuador, marcada durante lo largo de los años por el diálogo y la colaboración basada en “el respeto mutuo y la hermanda entre sus pueblos”, el gobernante denunció que la destrucción de los puentes “va en contra de lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual garantiza el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho a ser consultados sobre decisiones que afecten sus territorios”.
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Según Tapie, “la demolición de estos puentes sin la debida consulta constituye una grave violación de este convenio internacional ratificado por Ecuador y Colombia”, sumado a que transgrediría, en palabras del alcalde de Cumbal, “principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, el cual protege a las comunidades civiles y prohíbe acciones que atenten contra la infraestructura esencial para su bienestar y desarrollo”.

“Ante esta situación, solicitamos a las autoridades del Ecuador la apertura inmediata de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas y las autoridades colombianas para llegar a soluciones pacíficas, amigables y fraternas, en aras de preservar la armonía entre nuestros pueblos y garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han habitado esta región”, cierra el documento.
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Por su parte, y en una entrevista concedida al noticiero Carchi Noticias Emisión Estelar, Alexis Enríquez, intendente general de la Policía Nacional del Ecuador, explicó que “el resultado fue la destrucción de dos puentes o dos pasos irregulares que no estaban autorizados en vista que las comunidades de ambos países lo utilizaban para fines de actividades ilícitas tales como la minería ilegal y para realizar extorsiones a los ciudadanos que viven en lado ecuatoriano”.
Sumado a esto, el oficial aseguró que en la zona, además de los militares, estuvieron acompañados de “personal de ingenieros especialistas en destrucción de puentes, con el fin del evitar dañar los sectores aledaños y únicamente que se logre inhabilitar estos puentes”.
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