Líder del ELN denunció que “las Fuerzas Militares no hacen nada para combatir al Clan del Golfo en el Chocó”

El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, denunció públicamente que las Fuerzas Militares de Colombia no están tomando medidas efectivas para combatir al Clan del Golfo en el departamento del Chocó, una región históricamente afectada por la violencia y el narcotráfico. Según García, esta supuesta inacción ha permitido que el grupo armado ilegal imponga un “régimen de terror” sobre las comunidades locales y controle las rutas fluviales de la zona.

A través de un extenso hilo publicado en su cuenta de X, el líder guerrillero afirmó que el Clan del Golfo se consolidó en el Pacífico colombiano con el respaldo de las Fuerzas Militares. Con base en sus declaraciones, la Armada Nacional estaría protegiendo las rutas utilizadas por esta organización para el transporte de drogas desde el río Atrato hacia el océano Pacífico. García justificó las acciones del ELN en la región, argumentando que su grupo se ha visto obligado a bloquear las operaciones del Clan del Golfo debido a la supuesta falta de intervención por parte de las FF. MM.

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En sus declaraciones, Antonio García también señaló que el Clan del Golfo ha integrado en sus filas a antiguos combatientes desmovilizados de otros grupos armados. De acuerdo con el líder del ELN, esta organización habría reclutado a exmiembros del Ejército Popular de Liberación (EPL), que dejaron las armas en la década de 1990, así como a excombatientes de las Farc, desmovilizados tras el acuerdo de paz firmado en 2016. García aseguró que estos “reciclajes” de combatientes han fortalecido al Clan del Golfo, permitiéndole expandir su influencia en varias regiones del país.

El líder guerrillero extendió sus acusaciones al señalar que una situación similar ocurre en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela. Según García, en esta zona opera una banda conocida como el “33 Frente”, compuesta por exmiembros de las Farc que, según él, cuentan con libertad para participar en actividades de narcotráfico bajo la supuesta protección del Gobierno y las Fuerzas Militares.

Las declaraciones de Antonio García llegan en un momento crítico para Colombia, en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca avanzar en su política de Paz Total. Este ambicioso proyecto incluye negociaciones con el ELN y otros grupos armados, así como esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Sin embargo, las acusaciones del líder guerrillero podrían complicar estos procesos, al poner en duda la imparcialidad y la efectividad de las instituciones militares en el manejo del conflicto.

La guerra entre el ELN y el Clan del Golfo en Chocó

Los ríos que alguna vez fueron arterias de vida y conexión para las comunidades locales se han convertido en escenarios de una violenta disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como el Clan del Golfo. Esta confrontación, que se intensificó tras la ruptura de un pacto de no agresión en 2021, ha dejado un saldo devastador de desplazamientos masivos, confinamientos y un impacto profundo en la vida de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la región.

El conflicto alcanzó un nuevo punto crítico con el paro armado de 72 horas decretado por el ELN desde el 18 de febrero, lo que ha generado un confinamiento que afecta a miles de personas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, declaró al medio que, solo en la última semana, los enfrentamientos han desplazado a unas 1.000 personas y confinado a cerca de 15.000, una cifra que podría representar la mitad de la población del departamento. Este panorama refleja la gravedad de una guerra que no solo enfrenta a grupos armados, sino que también atrapa a la población civil en una espiral de violencia y desesperanza.

El Chocó, con una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados, depende en gran medida de su red fluvial para la movilidad y el comercio. Sin embargo, estas vías de agua, como los ríos San Juan, Sipí, Baudó y Cajón, se han convertido en puntos estratégicos para los grupos armados ilegales debido a las características geográficas del territorio, que lo hacen propicio para los cultivos ilícitos.