La red social X suspendió las cuentas de alias Antonio García y alias Fabián, dos importantes cabecillas del ELN

La red social X ha tomado medidas contundentes contra dos figuras clave del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado ilegal que opera en Colombia.

Según informó el periodista Ricardo Ospina, las cuentas de alias Antonio García, máximo líder de esta organización, y de alias Fabián, otro integrante destacado del grupo, han sido suspendidas de la plataforma.

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De acuerdo con lo reportado por Ospina, esta decisión representa un golpe para la presencia digital del ELN, que en los últimos años ha utilizado las redes sociales como un canal para difundir mensajes, comunicados y propaganda.

La suspensión de estas cuentas elimina una herramienta clave que el grupo armado empleaba para comunicarse con el público y sus seguidores.

Alias Antonio García es identificado como el principal cabecilla del ELN, una de las guerrillas más antiguas de América Latina. Su liderazgo ha sido central en la dirección de las actividades del grupo, que incluyen operaciones armadas, negociaciones políticas y estrategias de comunicación.

Por su parte, alias Fabián también es señalado como un miembro relevante dentro de la estructura de mando del ELN, aunque su rol específico no fue detallado en el informe.

La suspensión de las cuentas de estos dos líderes no solo afecta su capacidad de comunicación directa, sino que también podría tener implicaciones en la estrategia de propaganda del grupo armado.

Las redes sociales han sido un espacio donde el ELN ha buscado legitimarse ante ciertos sectores y difundir su narrativa en medio del conflicto armado colombiano.

Crisis en Chocó: Gobernadora alerta por paro armado del ELN

El departamento del Chocó enfrenta una crisis de seguridad debido al paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inició el 18 de febrero de 2025. Esta acción ha restringido la movilidad y las actividades económicas en varias zonas, especialmente en la subregión del San Juan.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lideró un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación y coordinar acciones con las autoridades.

Tras la reunión, se identificaron siete eventos críticos en cinco municipios, donde se evidenció la presencia del ELN a través de símbolos y objetos marcados con sus insignias, como banderas y cilindros. Estos elementos han generado temor en la comunidad y limitado la movilidad en distintos sectores. Además, la interrupción de las principales vías de acceso afecta el comercio, la atención en salud y otros servicios esenciales.

Ante la gravedad de la situación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear continuamente el desarrollo del paro armado y tomar medidas de respuesta inmediata ante posibles emergencias. El gobierno departamental, en conjunto con la Fuerza Pública, mantiene operativos para neutralizar los elementos dejados por el ELN y garantizar el restablecimiento de la seguridad en la región.

Este paro armado ha provocado desplazamientos masivos y confinamientos de la población local. Miles de personas han abandonado sus hogares en la cuenca del río San Juan para evitar enfrentamientos y confinamientos. La gobernadora Córdoba solicitó al Gobierno central declarar la conmoción interior en el departamento, similar a las medidas adoptadas en la región del Catatumbo debido a crisis humanitarias.

Organizaciones de derechos humanos, como Save the Children, han denunciado el impacto negativo de estas acciones sobre las comunidades, especialmente en los niños, quienes se ven privados de acceso a educación y servicios básicos. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la presencia de disidencias de las Farc en la región, que se alían con el Clan del Golfo contra el ELN, exacerbando la situación de conflicto en el Chocó.

La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por la situación en el Chocó, instando a las partes involucradas a buscar soluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil afectada por el conflicto armado.