Familiares de 7 colombianos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro desconocen su paradero y señalan que la captura fue ilegal

Francened Cortés Tabares, Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Ever Velásquez y María y Yurani Acosta fueron detenidos en la madrugada del 30 de enero por el Ejército venezolano en la frontera con Colombia, al parecer, mientras se movilizaban por el Alto Orinoco.

Domingo Hernández, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, confirmó que la detención se dio en medio de la operación Neblina 2025, mientras los detenidos se desplazaban por el río Cunucunuma, “presumiendo que estos están involucrados en actividades relacionadas con el ejercicio de la minería ilegal en la zona”, de acuerdo con Semana.

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A través de su cuenta de X, el 3 de febrero, el funcionario presentó los resultados de esta operación, en la que fue localizado un campamento de minería ilegal, exponiendo algunos de los rostros de los nacionales capturados.

En la publicación, aseguró que, luego de verificar que estos, junto a otros tres venezolanos, no tenían permiso para transitar ni mucho menos permanecer en la zona de seguridad y defensa del Estado venezolano, fueron trasladados hasta la población de La Esmeralda con el propósito de dejarlos a disposición de la Fiscalía por estar “de manera ilegal en áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), tipificada en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario, de fecha 11 de agosto de 1983″.

Fue así como los familiares de los detenidos comenzaron a conocer la situación de sus seres queridos. El medio conversó con algunos de ellos, quienes aseguran que están siendo acusados de un delito que no cometieron.

Camila, hija de Francened Cortés Tabares, una de las personas detenidas bajo el régimen de Nicolás Maduro, aseguró que hasta el momento desconoce su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra. Afirma que no han tenido derecho a una sola comunicación, y ni siquiera saben en qué centro de reclusión están sus seres queridos.

“Estamos desesperados. Les pedimos que, por favor, nos den información, que los traten con dignidad y respeten sus derechos. Ellos no son terroristas. Mi mamá es una persona que ha ayudado a muchos en el pueblo y no merece pasar por esto”, comentó la mujer.

Además, Lisandro Gómez, otro de los familiares que espera noticias de este lado de la frontera, señaló que, a pesar de que las autoridades del vecino país afirman que la captura se realizó en territorio venezolano, la diligencia se habría llevado a cabo en el sector de Bocas del Casiquiare, en el poblado de San Felipe, ubicado en el departamento de Guainía. Estas personas pertenecerían a los resguardos indígenas de Curripaco, Coco Viejo y Zamuro.

“Queremos que sepan que a ellos los secuestraron en Colombia, no en Venezuela. Los militares venezolanos no pueden seguir llegando a nuestro país a hacer lo que quieren sin que nadie los detenga”, reclamó Lisandro Gómez.

Las familias de los detenidos, que pertenecen a comunidades indígenas, comentaron que ni siquiera la Cancillería tiene conocimiento del lugar donde los tienen privados de la libertad ni de los delitos de los que se les acusa.

En vista de la nula información de sus familiares, estas personas decidieron acogerse a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) para pedir una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de esclarecer el caso que salió de una frontera en la que imputan delitos sin el debido proceso, aseverando que desde el momento de la intervención de las autoridades venezolanas los procedimientos se han realizado de manera irregular.